DERECHOS HUMANOS: AVANCES Y RETROCESOS
Se nos prometió el cierre y traslado de los genocidas presos en Punta Peuco, lo que aún es una promesa incumplida. El gobierno envía un proyecto de ley para autorizar a jueces a que algunos peligrosos criminales, que aún no responden por el destino final de los detenidos desaparecidos puedan cumplir condenas en sus casas. Claramente es un retroceso.
Que se continúe condenando a torturadores y masacradores en la provincia Cordillera, del cerro Chena (15 asesinos), de Paine, Panguipulli, asesinato de Miguel Enríquez y distintas causas en el país, es un lento avance; pese a que otras causas como Operación Cóndor, están siendo tratadas en el Tribunal Constitucional, de mayoría proclive las impunidades. Es un retroceso.
Son solo alrededor de 1.400 criminales los imputados, procesados y condenados, por terrorismo de Estado, de los cuales más de 350 han sido condenados y solo alrededor de 180 cumplen pena en presidio elegante. Los avances son lentos y la maquinaria constructora de impunidad muy poderosa y no solo cuenta con respaldo de las derechas, también de conversos que se declaran progresistas.
El cambiar el secreto de los 50 años, para ocultar el nombre y detalles de los crímenes impuesta a la Ley Valech, se ha convertido en una promesa que no se ha cumplido. El reabrir las comisiones que acojan las denuncias sobre torturados, detenidos, ajusticiados, detenidos desaparecidos es otra promesa incumplida.
Que 18 abogados, de la Unidad de Derechos Humanos del ministerio de Justicia y DDHH, denuncien a la opinión pública, es más que preocupante, ya que se despidió a los jefes de los abogados que han encarcelado y procesado a delincuentes de lesa humanidad, al igual de otros despidos vulnerando los derechos laborales. Los abogados de DDHH son los nuestros, y no se merecen ese trato de la burocracia interna. Esto no es un avance, es un estancamiento y los criminales y sus abogados deben estar felices.
A los sobrevivientes de prisión política y tortura, no se le aumentara sus pensiones, que son un 60% del salario mínimo. Muy distinto de las pensiones millonarias de los torturadores y criminales. En lo reparativo el gobierno se comprometió a entregar un bono indemnízativo en cuotas en dos o tres años, como indemnización exigido por Naciones Unidas. Esperamos que dicha pequeña reparación se cumpla.
Que se editen y publiquen libros de denuncias, testimonios, investigación sobre la los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar. La construcción de monolitos y memoriales de homenaje a las víctimas, el continuar con actos y actividades en homenaje a los nuestros, en un avance en acercarse a la verdad.
Que se vulneren los derechos humanos a los niños pobres a cargo del Sename en sus instituciones privadas y públicas, es un delito que los responsables deben asumir. En Chile, solo se encarcela a la pobreza, ya que no se procesa a los financiados por SQM, empresa controlada por el yerno de Pinochet, para construir leyes mediante el financiamiento de algunos políticos corruptos. Esto claramente es congelar el abuso y desprestigio como país.
Que se encarcele a mapuches, con montajes e implantación de pruebas falsas, de infectar, manipular e interferir comunicaciones realizado por agentes del Estado. El oponerse a allanamientos mediante la fuerza. El que el único preso por terrorismo sea un mapuche pagado como informante y operativo de carabineros. Que el FBI, de Estados Unidos investigue, es un retroceso en derechos humanos.
Para que Chile sea democrático, debe regirse por una constitución democrática y representativa de la voluntad popular. Sin embargo, aún nos oprime una institucionalidad castocrática creada y heredada de la tiranía. Ningún criminal ha sido degradado. La impunidad no es sólo jurídica o penal, sino que también se expresa en términos comunicacionales y culturales.
* Ricardo Klapp Santa Cruz
