UNA LEY DE MEMORIA PARA LA RUPTURA DEMOCRÁTICA
Una Ley de Memoria para la ruptura democrática
La Proposición de Ley Integral de reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo y la Transición que impulsa Unidos Podemos...transforma las bases legales y actuaciones memorialistas públicas rompiendo el pacto de silencio de la Transición.
La Ley de Memoria de 2007 plantea responder a los derechos de las víctimas del franquismo evitando al mismo tiempo tocar los fundamentos del pacto de silencio de la Transición que precisamente está en el origen del desistimiento y la renuncia del régimen del 78 a ejercer el deber público de Memoria, sin el que ninguna sociedad que haya sufrido violaciones masivas de los derechos humanos puede llamarse democrática. Atrapada en esta irresoluble contradicción la Ley establece un modelo de memoria basado en el mantenimiento del soporte legal de la impunidad –Ley de Amnistía y tribunales militares- y en la inhibición de los poderes del Estado para ejercer directamente las actuaciones de reparación, por lo que se renuncia a la elaboración de un censo oficial de víctimas, se delega en las asociaciones memorialistas mediante un sistema de subvenciones la posibilidad de exhumar sin tutela judicial ni intervención de la fiscalía y no se contempla el derecho a la verdad. Se construye así una memoria despolitizada, privatizada, que alude solo al dolor y a los sentimientos de familiares y víctimas, olvidando las ideas y los actos por las que fueron asesinadas así como la identidad y responsabilidad de los verdugos.
Una década después de la promulgación de la ley de memoria, miles de víctimas y descendientes han muerto sin obtener justicia y reparación, España sigue siendo el segundo país del mundo con mayor número de desaparecidos, símbolos y asociaciones franquistas se exhiben y exaltan impunemente los valores fascistas, los jueces y fiscales no están ni se les espera y la verdad sobre la República y el franquismo no ha entrado en el sistema educativo ni en los medios de comunicación públicos. Este es el desolador balance en términos de Memoria de un Estado que se autoproclama democrático.
La Proposición de Ley Integral de reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo y la Transición que impulsa Unidos Podemos supone en síntesis la superación del paradigma que ha marcado hasta hoy el conjunto de políticas públicas de Memoria o más bien su ausencia a nivel de estado. No se trata en absoluto de un desarrollo o profundización de la Ley de 2007, sino, al contrario, de transformar radicalmente las bases legales y las actuaciones memorialistas públicas rompiendo el nudo gordiano del pacto de silencio de la Transición. Para ello, en primer lugar el texto establece la plena nulidad de los juicios sumarísimos del franquismo así como del artículo 2 de la Ley de Amnistía que equipara de modo insoportable a víctimas y victimarios. Asimismo, se incorporan en el artículo 20 los principios y acuerdos irrenunciables del derecho humanitario internacional, fundamentalmente en lo que atañe a la imprescriptibilidad de los delitos de crímenes de guerra y contra la humanidad, ambos perpetrados sin ningún género de duda por la dictadura franquista. Estas disposiciones iniciales, largamente reivindicadas por el movimiento memorialista, dinamitan toda la arquitectura de la impunidad y reconocen públicamente la nunca perdida dignidad de los luchadores republicanos y antifascistas.
A partir de aquí la proposición de Ley va definiendo los principios y las prácticas de las políticas públicas de Memoria en el sentido establecido por décadas de lucha de las Asociaciones Memorialistas por el cumplimiento de los derechos de Verdad, Justicia y Reparación. Así, a lo largo de cuatro bloques normativos se plantea la elaboración de un censo oficial y público de víctimas con el consiguiente reconocimiento y condena del Estado del delito de genocidio franquista, la obligatoriedad para jueces y fiscales de impulsar y personarse en los procesos de exhumación e identificación de desaparecidos así como la capacidad del Estado para intervenir de oficio en estos procesos, la eliminación inmediata de la simbología franquista incluyendo los espacios privados o religiosos de uso público, la modificación del artículo 510 del código penal para prohibir cualquier tipo de exaltación del franquismo, retirar subvenciones y en su caso ilegalizar a las asociaciones que hagan apología de la dictadura o atenten contra la dignidad de las víctimas, la obligación de investigar los casos de desaparición de menores hasta 1999, la exigencia de apertura de los Archivos Públicos y Eclesiásticos con relación a Personas Desaparecidas, la creación de una red de Lugares e itinerarios de Memoria y la incorporación al currículo educativo de contenidos científicos y de valores propios de la Memoria Democrática. El correspondiente régimen sancionador –inexistente en la anterior ley de 2007-se ocupa de los posibles incumplimientos de la normativa establecida en la Ley. Por último, el marco cronológico se amplía incluyendo la Segunda República y el periodo de Transición, lo que permite introducir el derecho a conocer la verdad histórica de lo que supusieron estos dos periodos, acabando con los dos mitos construidos por el franquismo y sus epígonos de una República fratricida que alumbró la guerra civil y de una Transición pacífica y modélica, en la que las élites dirigidas por el rey entregaron al pueblo la libertad y la democracia.
La proposición de Ley viene cargada de futuro y constituye un factor clave para fortalecer las luchas del presente por la ruptura democrática y la República. La reivindicación de la Segunda República como el régimen político más profundamente transformador y democrático de la historia de España y el desvelamiento del papel que realmente jugó la monarquía como un elemento de continuidad del poder franquista deben traer consecuencias políticas en el sentido de ampliar las bases sociales prorrepublicanas y debilitar la imagen de la monarquía. En el mismo sentido, la recuperación de la memoria de la lucha y la resistencia popular organizada es otra seña de identidad de esta necesaria proposición de ley, que entrega a la ciudadanía del siglo XXI como un patrimonio intangible el ejemplo de generaciones de trabajadoras y trabajadores que nunca se rindieron en la desigual lucha por una existencia libre y digna.
* Luis Naranjo - Mundo Obrero - España
