Se querellan contra Jefe de la Armada por persecución a juez de DD.HH.

La acción judicial afirma que el almirante Julio Leiva Molina ha tolerado y financiado con gastos reservados una serie de seguimientos, amenazas, intercepción de llamadas telefónicas e intentos de infiltración en tribunales, cometidos por funcionarios de la Armada para amedentrar al magistrado Jaime Arancibia Pinto, quien lleva en Valparaíso un tercio de todas las causas de DD.HH. investigadas en el país.

En noviembre se presentó una querella ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso en contra del máximo jefe de la Armada, Julio Leiva, que en su parte medular dice: “El Almirante, utilizando caudales públicos asignados como gastos reservados, financia, de manera clandestina, la defensa judicial como la obstrucción de los procesos penales de gran parte de los imputados en causas por violaciones de derechos humanos en donde se encuentran involucrados altos mandos de la Armada”,

La acción judicial fue presentada por Mónica Araya, abogada de derechos humanos, quien es hija de detenidos desaparecidos (Bernardo Araya Zuleta y María Olga Flores Barraza) y madre de Juan Henríquez Araya, comandante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), caído en un enfrentamiento contra efectivos de la Central Nacional de Informaciones (CNI), en el marco de la llamada Operación Albania en 1987.

La querella agrega que la institución dirigida por Julio Leiva, designado como comandante en Jefe de la Armada por Michelle Bachelet en junio de 2017, “planifica, coordina y ejecuta operaciones de inteligencia encubiertas, destinadas a amedrentar y amenazar al ministro Jaime Arancibia Pinto, por parte de la Dirección de Inteligencia de la Armada”.

En esa línea, denuncia seguimientos e intercepción de llamadas de los teléfonos personales e institucionales de Arancibia, quien es ex presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y “tentativas de infiltración, tanto del tribunal como de la policía que le colabora, con el pago a informantes”.

También se denuncia una campaña de desprestigio por redes sociales. INTERFERENCIA tuvo acceso a algunos de los mensajes de WhattsApp que circulan en grupos de funcionarios de la Armada, tanto activos como en retiro.

Uno de estos mensajes dice: “El resurgimiento del pinochetismo en algunos jóvenes parlamentarios que defienden el legado del modelo económico y social del Gobierno Militar, ha sumado el surgimiento de jóvenes abogados que innovando en sus argumentaciones no toleran más la politización y abuso del empleo en sede judicial de los Derechos Humanos. Un ejemplo de ello es la tenaz defensa del abogado Javier Gómez en favor del capitán de navío en retiro don Patricio Villalobos, al dejar en evidencia al prevaricador e inhumano juez don Jaime Arancibia Pinto de la Corte de Apelaciones de Valparaíso”.

El hostigamiento al ministro consistiría, además, en insultos directos vía correos electrónicos y acusaciones de prevaricación; es decir, lo que significa fallar arbitrariamente a sabiendas que sus resoluciones son injustas y contrarias a la ley.

“Estamos en lo que se denomina fase preparatoria de los montajes comunicacionales en contra de un juez que investiga violaciones de derechos humanos. Para ello, la Dirección de Inteligencia financia a periodistas de medios de comunicación con el objeto de publicar notas o artículos de desinformación destinados a cuestionar la honorabilidad, imparcialidad e independencia del magistrado, Sr. Arancibia Pinto”, relata el libelo.

Uso de gastos reservados

Según se detalla en la querella, para realizar todos estos procedimientos, Julio Leiva utilizaría caudales públicos asignados como gastos reservados, y tendría como objetivo entorpecer el desarrollo de las investigaciones del juez Arancibia orientadas a esclarecer crímenes de tortura, ejecución y desaparición de opositores durante la dictadura militar.

Respecto a los hechos que fundan estas acusaciones, la querella señala: “Un hito en esta materia fue la inspección personal del juez al Buque Escuela Esmeralda, el 23 de octubre de 2018, en Valparaíso, en donde fue emplazado personal de inteligencia de la Armada para grabar y registrar las gestiones del Sr. Ministro, situación que se vio favorecida con una evidente ilegalidad y encubrimiento. En efecto, ninguno de los marinos que se encontraban en dicha embarcación, especialmente oficiales, en su calidad de funcionarios públicos, estaban identificados”.

Otro aspecto denunciado en la querella es que, bajo el mando de Julio Leiva, se financian las defensas judiciales de ex integrantes de la Armada involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos.

Fuentes de INTERFERENCIA, en distintas cortes del país, aseguraron que esta situación se conoce como un secreto a voces en la justicia chilena, desde que se comenzaron a investigar estas causas.

Actualmente, la prestación de asistencia jurídica depende del servicio de bienestar social de la Armada. Es gratuito y reservado para los funcionarios o sus cargas familiares. Sin embargo, la primera causal que excluye la prestación de estos servicios es en aquellas causas en que la Armada, las instituciones de la defensa nacional o el fisco sean parte o tengan intereses contrapuestos con el funcionario. Ello implica una prohibición para apoyar causas que persigan delitos de lesa humanidad donde el Ministerio del Interior, a través del Programa de Derechos Humanos, actúa como parte querellante.

Antes, el Ejército contaba con un sistema de descuentos por planilla para pagar la defensa judicial de efectivos procesados. Sin embargo, desde 2007, por resolución del entonces comandante en Jefe, general Óscar Izurieta, ya no opera este beneficio.

Delitos, declaraciones e inhabilidad

La querella invocó diferentes delitos contenidos en el Código Penal y en la Ley de Inteligencia. Respecto a este última, se invocó el artículo 43 que sanciona al funcionario de los organismos de inteligencia que utiliza la información recopilada o elaborada por dichos organismos en beneficio propio o ajeno, en perjuicio de alguna persona, autoridad u organismo, o para ejercer presiones o amenazas.

Se solicitó que se cite a declarar a Arancibia Pinto y a Julio Leiva, así como también al contraalmirante Allan Nettle Mebus, director de Inteligencia de la Armada.

La jueza de Garantía de Valparaíso, Marisol González Vera, declaró admisible la querella respecto de todos los delitos señalados, salvo en relación al delito de amenazas, “respecto del cual por no ser víctima la solicitante, no está facultada para ejercer querella”. Pese a ello, en caso que Arancibia declare y confirme estos hechos, podría abrirse esa arista del caso e investigarse en el mismo procedimiento.

Respecto a las diligencias que se avecinan, se solicitó que se cite a declarar a Arancibia Pinto y a Julio Leiva, así como también al contraalmirante Allan Nettle Mebus, director de Inteligencia de la Armada.

Según pudo recabar INTERFERENCIA, Arancibia Pinto presentó una denuncia por su propia cuenta ante la fiscalía de Valparaíso con el fin de informar a la autoridad ante eventuales hechos delictivos en su contra.

Actualmente, Arancibia Pinto es uno de siete ministros en visita que investiga delitos de lesa humanidad en el país, con cerca de 450 causas, un tercio de las que se encuentran en tramitación a nivel nacional. Además, en mayo de 2015 sometió a proceso a los 18 oficiales y suboficiales de la Armada y Carabineros involucrados en el secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward. Como resultado de sus investigaciones 15 ex agentes de la dictadura cumplen condena actualmente.

Consultado por este medio, el ministro Arancibia dijo que no se va a referir al tema. 

* Interferencia.cl - Victoria Viñals

Ministro Mesa acusa a ex-militares y carabineros por torturas a ex-intendente y otras siete personas en Valdivia

El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de las Cortes de Apelaciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, acusó a miembros en retiro del Ejército, Carabineros y de la Policía de Investigaciones, por su responsabilidad en delito de apremios ilegítimos en contra del exintendente de Valdivia Sandor Arancibia y otras siete víctimas. Ilícitos perpetrados a partir del 11 de septiembre de 1973, en la ciudad.

En la resolución, el ministro en visita dictó acusación en contra del teniente del Ejército en retiro Patricio Kellet Oyarzún como autor de los apremios ilegítimos aplicados a Sandor Arancibia Valenzuela, Juan Yilorm Martínez, Luis Díaz Bórquez, Joel Asenjo Ramírez, Víctor Hormazábal Rozas, Carlos Jaime Bahamondez Hormazábal, Carlos Armando Villarroel Machuca y Rogers Delgado Sáez.

En tanto, Bernardo O'Higgins de las Mercedes Puga Concha, Rubén Darío Aracena González, Juan Bautista Yáñez Ruiz, Germán Jesús Borneck Matamala y Hernán Soriano Ávila, enfrentan acusación como autores de los delitos de apremios ilegítimos en contra de Sandor Arancibia Valenzuela, Juan Yilorm Martínez, Víctor Hormazábal Rozas, José Daniel Gallardo Saldivia, Rogers Delgado Sáez, Joel Asenjo Ramírez, Luis Díaz Bórquez.

En el caso del exalto oficial del Ejército Santiago Arturo Sinclair Oyaneder, fue sindicado por el ministro como autor de los apremios ilegítimos infligidos a Sandor Arancibia Valenzuela, Juan Yilorm Martínez, Víctor Hormazábal Rozas, José Daniel Gallardo Saldivia, Rogers Delgado Sáez, Joel Asenjo Ramírez, Luis Díaz Bórquez, Uldaricio Manuel Figueroa Valdivia y Carlos Jaime Bahamondez Hormazábal.

Finalmente, Marcelo Eduardo Jara de la Maza enfrenta acusación en calidad de encubridor del delito de apremios ilegítimos practicados en contra de Sandor Arancibia Valenzuela, Juan Yilorm Martínez, Víctor Hormazábal Rozas, José Daniel Gallardo Saldivia, Rogers Delgado Sáez, Joel Asenjo Ramírez, Luis Díaz Bórquez, Uldaricio Manuel Figueroa Valdivia y Carlos Jaime Bahamondez Hormazábal.

"Plan Z"

En la etapa de investigación de la causa, el ministro Álvaro Mesa logró establecer los siguientes hechos:

A.- Que a raíz de los sucesos acaecidos el 11 de septiembre de 1973, fueron detenidos en varias ciudades del país y en especial en la comuna de Valdivia, Sandor Arancibia Valenzuela, Juan Yilorm Martínez, Víctor Hormazábal Rozas, José Daniel Gallardo Saldivia, Rogers Delgado Sáez, Joel Asenjo Ramírez, Luis Díaz Bórquez, Uldaricio Manuel Figueroa Valdivia, Carlos Jaime Bahamondez Hormazábal, Carlos Armando Villarroel Machuca, entre otros. Algunos de ellos quienes hasta esa fecha detentaban cargos públicos o militaban en partidos políticos del gobierno del Presidente Salvador Allende Gossens. A todos ellos, se les acusaba de ser los cabecillas de un plan fantasioso de exterminio de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, denominado hasta hoy en día como "Plan Z". Todos los detenidos, en distintas fechas luego del 11 de septiembre de 1973, fueron conducidos a la cárcel Pública de Valdivia por orden de la Fiscalía Militar existente.

Dichas detenciones fueron decididas por la autoridad militar de la época, sin orden judicial, no constando en el proceso su realización bajo un procedimiento ajustado a la norma vigente en ese entonces.

B.- Que en el regimiento Cazadores de la comuna de Valdivia, luego del pronunciamiento militar, por orden del General Héctor Bravo Muñoz (actualmente fallecido) fue reforzada la Sección Segunda de Informaciones e Inteligencia con la agregación de funcionarios de la misma unidad militar, entre ellos Hernán Soriano Ávila; un integrante de la Policía de Investigaciones de Chile, Germán Jesús Borneck Matamala; y personal de la Tenencia de Carabineros "José Gil de Castro" de la misma comuna, entre ellos el teniente Rubén Aracena González y el cabo Juan Bautista Yáñez Ruiz, apodado "esbante grande". Este grupo estaba a cargo del teniente de Ejército Patricio Kellet Oyarzún y tenían por misión interrogar a los detenidos por asuntos políticos, que luego de esa fecha fueron ingresados en la cárcel de Valdivia.

C.- Que siguiendo la línea anterior, el General de División, Héctor Bravo Muñoz, además de reforzar la unidad de inteligencia, reunió a los comandantes de los regimientos Cazadores y Maturana, los cuales funcionaban en el mismo recinto militar conocido como "cantón Bueras" de la comuna de Valdivia e instruyó verbalmente que el Coronel Pantoja (actualmente fallecido) se hiciera cargo de toda la parte operativa con el fin de encontrar la presencia de subversivos, esto en presencia del comandante del regimiento Cazadores, Santiago Sinclair Oyaneder, a quien designó para realizar funciones de patrullaje en la ciudad de Valdivia y asumir la seguridad en el área Urbana de Valdivia, además como delegado de gobierno en la Universidad Austral de Chile. Pese a su designación como autoridad de educación, el comandante Sinclair Oyaneder siguió desempeñándose diariamente en la unidad bajo su mando -ya que según se indicó, debió asumir la seguridad en la comuna de Valdivia y por ubicarse su domicilio al interior del recinto militar- concurriendo a diario a ese lugar, enterándose que el Coronel Pantoja tenía el control del gimnasio del regimiento y un empadronamiento de las personas detenidas. Además, conocía sobre la supervisión que realizaba Pantoja en la búsqueda de información. Todo lo anterior por observar en más de una oportunidad, tanto de día como de noche, a personas que eran conducidas hasta el gimnasio antes aludido para ser interrogados.

D.- Que además, a fines de septiembre de 1973, fue llamado a integrarse al ejército Bernardo O'Higgins de las Mercedes Puga Concha, que hasta esa fecha se desempeñaba como abogado auxiliar del Consejo de Defensa del Estado, quien asumió funciones como asesor legal de la Fiscalía Militar, a cargo hasta entonces de don Mario Piraíno Valenzuela (actualmente fallecido). Incluso, algunos abogados defensores concurrieron hasta la oficina de la Fiscalía Militar, entrevistándose con dicho abogado asesor, quien se identificaba como Fiscal Militar.

E.- Que a fin de cumplir con la orden dada por la superioridad, se habilitó el gimnasio del regimiento Cazadores, ubicando pupitres para interrogar a los detenidos políticos. De este modo, los detenidos eran llevados y traídos desde la cárcel al regimiento por personal militar de la sección liderada por Patricio Kellet Oyarzún, siendo interrogados en la Fiscalía Militar y apremiados físicamente en dependencias del gimnasio antes y/o después de estos interrogatorios.

En el gimnasio o sala de tortura existían implementos para amarrar a los detenidos y aplicarles electricidad en diferentes partes del cuerpo, además de aplicarles otro tipo de tormentos como golpes de pies y puños. En esta tarea participaban todos los integrantes del grupo liderado por el Teniente Patricio Kellet Oyarzún, además del detective de la Policía de Investigaciones y funcionarios de carabineros que allí estaban agregados y antes mencionados.

F.- Que en esa misma época, el médico Marcelo Eduardo Jara de la Maza, quien se desempeñaba como oficial de sanidad en una de las enfermerías del cantón Bueras, realizaba funciones operativas militares -entre ellas guardias de cuartel y participación en consejos de guerra- y, además, las propias de su profesión. En ese sentido, luego del 11 de septiembre de 1973 le correspondió efectuar revisión de los detenidos, debiendo constatar las lesiones de ellos, si las tuvieren, y consignarlas en un informe que entregaba en la misma unidad. Lo mismo realizaba cuando los detenidos eran dejados en libertad.

G.- Que una vez que las personas eran interrogadas en el Regimiento aludido, eran conducidas nuevamente hasta la cárcel de Valdivia. En aquel lugar, los propios compañeros de celda y uno de los funcionarios de la enfermería del penal, constataban el mal estado físico de ellos producto de las interrogaciones bajo torturas.

H.- Por último, hasta esta fecha ningún funcionario público del Ejército de Chile, Carabineros de Chile o de otra rama de las Fuerzas Armadas y/o de Orden y Seguridad que se desempeñaban en la época de los hechos, ha dado algún antecedente a la autoridad respectiva en relación a lo sucedido con Sandor Arancibia Valenzuela, Juan Yilorm Martínez, Víctor Hormazábal Rozas, José Daniel Gallardo Saldivia, Rogers Delgado Sáez, Joel Asenjo Ramírez, Luis Díaz Bórquez, Uldaricio Manuel Figueroa Valdivia, Carlos Jaime Bahamondez Hormazábal, Carlos Armando Villarroel Machuca manteniendo hasta el día de hoy ocultamiento de todo tipo de antecedentes sobre los hechos que se han mencionado en los párrafos precedentes". * El Clarin de Chile - Sandor Arancibia