Anular a las víctimas y consagrar la impunidad: Los objetivos tras la instalación del negacionismo en las calles

Investigadores señalaron que este tipo de afrentas tienen una intención política clara, que es levantar una corriente de ultraderecha, y advirtieron que la falta de condena y de medidas claras por parte de las autoridades posibilita que “estos grupos actúen en un espacio que se les está haciendo cómodo”.

Ocurrió una vez más el fin de semana pasado y ya anotan ocho sitios de memoria como flancos de ataque. Esta vez actuaron en el frontis del Estadio Nacional y en el ex Galpón Víctor Jara. Generalmente lo hacen de noche o de madrugada y los nocheros son los primeros en ver los resultados: destrozos de memoriales, rayados en las inscripciones, instalación de lienzos y afiches con mensajes sarcásticos y ofensivos. En algunos sitios han dejado rastros y se identifican como integrantes del Movimiento Social Patriota (MSP). Pero en otros casos prefieren el anonimato pegando afiches sin firmar.

En el ex Galpón Víctor Jara instalaron un afiche de “Aquí Están” a pesar de que este espacio, ubicado a un costado de la Plaza Brasil, en la comuna de Santiago, se encuentra cerrado hace más de cinco años. “Ahí te das cuenta que es una provocación por lo que representan, en este caso la figura de Víctor Jara”, indica Romina Ampuero, integrante de la Red de Sitios de Memoria.

A esto se suman otras acciones que han abierto el debate sobre la instalación de discursos de odio en el espacio público. En abril del año pasado colgaron un lienzo en Las Condes afirmando que Daniela Vega era hombre y, pocos meses después, aparecieron colgados muñecos de obispos en el Puente de los Candados, en Providencia, reivindicando que fueran ahorcados por abusadores. También se conoció su intervención en una marcha por el aborto libre en la que vertieron sangre y vísceras de animales emulando una “contraprotesta”. De esa manifestación resultaron tres mujeres apuñaladas.

En un análisis más amplio de estas manifestaciones, Juan René Maureira, historiador e investigador en Derechos Humanos en la Fundación Nodo XXI, afirma que se trata de acciones que buscan relativizar los consensos básicos de la democracia y posiciona en primer lugar la pérdida del respeto por la dignidad por las personas. Explica que es un fenómeno que está ligado a corrientes ultraderechistas que buscan propagar ideas nacionalistas, antiaborto, homofóbicas y xenófobas.

Es una situación que también se ha observado en países europeos con la irrupción cada cierto tiempo de manifestaciones de reconocidos grupos neonazis. Se han identificado, por ejemplo, ataques a memoriales de víctimas del Holocausto y también masivas marchas en contra de las políticas de asilo para los refugiados. En Alemania esto ha tenido una voz clara desde el partido de derecha Alternativa por Alemania (AfD), donde su líder Frauke Petry se mostró partidaria de llegar a dispararle a los refugiados para proteger las fronteras europeas.

De ahí que integrantes de los sitios que han sido dañados insistan en no calificar de “intervenciones” los afiches de “Aquí Están” que se burlan de los detenidos desaparecidos, lo que daría pie para discutir sobre el alcance del derecho a la libertad de expresión de “intervenciones artísticas”. En su cuenta de Instagram, este grupo se vincula a expresiones de arte callejero. “Nos parece que son ataques selectivos que buscan invalidar las ideas que representan estos espacios de justicia, memoria y verdad”, señala Romina Ampuero.

Lo preocupante, en opinión de Juan René Maureira, es que la falta de un pronunciamiento por parte de las autoridades frente a los hechos conocidos, posibilitaría un “espacio cómodo” para que estos grupos sigan actuando. “Los discursos negacionistas siempre tienen una intención política. Hay intereses de sectores políticos en que estas manifestaciones sigan teniendo lugar porque tienen objetivos claros: consagrar la impunidad, anular la voz de las víctimas, construir legitimidad para los victimarios y mantener el poder a los sectores que les colaboran”, afirma. El ex presidenciable y hoy líder del movimiento Acción Republicana, José Antonio Kast, ha sido la figura política que ha reivindicado este tipo de discursos ultraconservadores. Eso le valió para conseguir el 8 por ciento en las elecciones de 2017.

Un reconocido académico que estudió el fenómeno del negacionismo es el sociólogo sudafricano Stanley Cohen, fallecido en 2013. El profesor emérito de la London School Economics and Political Science escribió Estados de Negación, un ensayo sobre atrocidades y sufrimientos, publicado en 2005, que describe las formas elementales de la negación en la sociedad. El estudio explica que esta corriente no solamente rechaza la idea de que ciertos hechos ocurrieron, sino que también comprende los actos de indiferencia, encubrimiento y los dobles discursos que se adoptan para referirse a ellos. “Lo vemos en los sectores de derecha cuando adoptan discursos hacia las víctimas de respetar los derechos humanos, pero en sus filas siguen apoyando a los colaboradores del régimen de Augusto Pinochet”, explica Maureira.

Otros discursos, según Cohen, se reconocen dentro de la “negación cotidiana”. “Cuando escuchamos el ‘no me interesa’, cuando se dice ‘se merecían o se buscaron que les pasara o que les pase’, el ‘tenían que obedecer’ o la ‘ceguera virtual’ con el ‘es que yo no lo sabía’, aunque exista noción de lo que está ocurriendo”, precisa el investigador de Nodo XXI.

Si bien algunas de estas acciones se las ha adjudicado el MSP, no se conocen más detalles sobre la composición de este y de otros grupos. A juicio de Juan René Maureira, no sería conveniente analizar el fenómeno limitándose a aspectos generacionales, sino más bien entendiendo que es una corriente que ha ido mutando. “Es el mismo discurso que existió durante la dictadura que articulaba a un sector, pero al ir quedando marginado ahora se ve reflejado en otras maneras de actuar”, advierte.

Desde la Red de Sitios de Memoria reconocen que su aparición en redes sociales y en medios de prensa les ha servido de trampolín para obtener tribuna y, por eso, creen que quedarse solo en la denuncia aumentará su impacto. “Creemos que es necesario adoptar una afrenta cultural, potenciando las actividades y la educación en derechos humanos y no seguir levantando estos discursos de odio”, asegura Luis Valencia, integrante del sitio de memoria Estadio Nacional.

Juan René Maureira hace foco en otras situaciones que también han dejado al descubierto el negacionismo. Más allá de los montajes noticiosos aparecidos durante el régimen militar en medios como La Segunda o El Mercurio, el adjetivo de “supuestos” acompañó las notas sobre detenidos desaparecidos hasta bien avanzada la democracia. También nombra las múltiples acciones en el Congreso, con lienzos y carteles, de parlamentarios de la coalición de derecha ante proyectos que buscan terminar con los beneficios carcelarios para los ex militares condenados por delitos de lesa humanidad. Todo esto con el objetivo de relativizar hechos que han sido constatados por investigaciones judiciales, muchas de las cuales siguen en curso.

Este fenómeno también fue analizado por Loreto López, antropóloga que forma parte del Programa Psicología Social de la Memoria de la Universidad de Chile, quien asegura que el negacionismo también busca desacreditar todos los esfuerzos que se hacen en pos de que la verdad histórica de la dictadura esté disponible para la sociedad.

Esto queda graficado en la consigna que puso en un lienzo el MSP en Villa Grimaldi donde señalaron: “Aquí la izquierda lucra y adoctrina con la memoria de chilenos torturados”.

Agresión del MSP a Villa Grimaldi el 30 de agosto de 2018.

“Si ellos creen que lucrar es sostener un sitio de memoria a punta de voluntarios y de un escaso apoyo financiero por parte de el Estado. Si eso constituye lucro, si ellos piensan que sostener los 364 días del año abierto un lugar para la visita de toda la sociedad y consideran que eso es lucrar me parece que tienen un concepto de lucro bastante errado”, recalca.

López también agrega que este descrédito no tiene ningún sentido puesto que los sitios de memoria fueron impulsados por las mismas víctimas de los centros de tortura.

“Las víctimas de esos espacios fueron las primeras interesadas y las primeras que se movilizaron para que estos lugares fueran abiertos. Entonces nuevamente hay un uso engañoso y abusivo de la figura de la víctima haciendo creer que las víctimas están siendo instrumentalizadas cuando fueron las propias víctimas las que lucharon por la recuperación de estos espacios”, afirma.

Sin embargo, la antropóloga plantea que los afiches de “Aquí Están” no necesariamente representan un agravio contra la lucha por los derechos humanos sino que tal vez sea una manera de reinstalar de manera provocativa el debate sobre esta temática en nuestro país. Además de esto, destaca que estas intervenciones fueron hechas en distintos puntos de la ciudad pero no se volvieron mediáticas hasta que aparecieron en los sitios de memoria.

“Se puede leer rápidamente que esto puede ser un agravio a los sitios. Me parece que hay que dejar abierto y debatir un poco más qué interpelación están haciendo estas imágenes que muestran a un perpetrador decrépito con un afiche que dice ‘aquí están’, o sea, que ellos son los poseedores de la verdad y que se están burlando de todos nosotros. Al aparecer estas imágenes en distintos sectores de la ciudad, y no solo en los sitios de memoria, se están burlando de todos los que la ven porque el represor está sacando la legua, podría ser una expresión de la impunidad que no cede. Las lecturas pueden ser menos ortodoxas. Además, nos exponen a un lenguaje estético, que podría ser de denuncia, al cual no estamos acostumbrados”, argumenta.

“El silencio del gobierno colabora para que esto se normalice”

“No es algo que tenga mucha urgencia para las autoridades en el escenario político en el que estamos”, señala Romina Ampuero, integrante de la Red de Sitios de Memoria, al referirse a la falta de condena pública del gobierno ante estos hechos. Hasta ahora, dice, no se han tomado medidas al respecto y el silencio de las autoridades ha contribuido a que esto se normalice.

El pasado lunes la Red le solicitó, a través de un escrito, al Ministro del Interior, Andrés Chadwick, al subsecretario de la cartera, Rodrigo Ubilla, y al subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, que se inicien investigaciones para detectar el origen y la conformación de estos grupos. A la vez, le solicitaron al Instituto Nacional de Derechos Humanos evaluar alguna estrategia de defensa jurídica.

Uno de los antecedentes con los que esperan contar son las grabaciones de las cámaras de seguridad de la municipalidad de Ñuñoa instaladas a las afueras del Estadio Nacional que la Corporación a cargo del sitio de memoria ya solicitó.

La falta de sanciones a actos negacionistas lo inscribe en el debate que se ha dado durante los últimos días tras conocerse la intención del ministro de Justicia Hernán Larraín de ingresar una indicación que elimine las penas de cárcel por estos hechos. El secretario de Estado se mostró partidario de evaluar otro tipo de sanciones a diferencia de lo que ya se había introducido – por la diputada comunista Carmen Hertz- en el proyecto de ley de incitación a la violencia. “Lo importante con esto es que se den cuenta que sí existe negacionismo”, apunta Romina.

Por otro lado, agrega que siendo la subsecretaría de DD. HH la encargada de la ejecución del Plan Nacional en la materia, debería tomar parte en la protección de estos sitios. Sin embargo, solo cuentan con un título nobiliario, en el caso de los sitios declarados históricos por el Consejo de Monumentos Nacionales, que no asegura ni protección ni la mantención del trabajo interno que ellos realizan. “No hay ningún departamento donde nosotros pudiésemos denunciar lo que está pasando sistemáticamente en los monumentos históricos. Estamos en tierra de nadie frente a esto”, puntualiza.

Sumado a una posición clara desde el Ejecutivo, sigue pendiente la tramitación de un proyecto de ley Sobre Sitios de Memoria, donde jurídicamente podría quedar establecido un mecanismo de defensa ante este tipo de actos, algo que hoy no existe. 

* El Desconcierto - Natalia Figueroa y Gonzalo Espinoza

Dirigentes políticos y sociales – “Por la paz y la democracia en Venezuela: Respeto a la soberanía y autodeterminación de su pueblo”

“Por la paz y la democracia en Venezuela: Respeto a la soberanía y autodeterminación de su pueblo”

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile sostiene que uno de los “Principios de la Política Exterior” es el “respeto al Derecho Internacional”. A este respecto, manifiesta que “el respeto e irrestricto apego a los instrumentos jurídicos que regulan las relaciones internacionales […] es una condición indispensable para la preservación de la paz y la seguridad en la sociedad internacional”. Subraya que “asigna especial importancia” a las “normas fundamentales que definen y estructuran el orden jurídico internacional y que promueven las relaciones pacíficas entre los Estados”:

–“Solución pacífica de las controversias: A través del principio reiteramos nuestro apego a la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza en las relaciones internacionales que sea contrario a los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, así como nuestro convencimiento de que la diplomacia y el derecho constituyen los únicos medios legítimos para la solución de las controversias internacionales”.

–“Independencia y respeto a la soberanía: Chile otorga particular importancia al principio de igualdad soberana de los Estados como norma esencial para el respeto y la coexistencia pacífica de la sociedad internacional. Nuestro país es contrario a la intervención de una o más naciones en los asuntos internos de otra y cree que sólo el derecho internacional puede establecer exigencias y limitaciones sobre ellos”.

Ello es consistente con los fundamentos del Derecho Internacional y el Derecho Internacional de Derechos Humanos. Los operadores de los medios de comunicación de la derecha pretenden negar lo evidente y sugieren que el principio de autodeterminación de los pueblos se circunscribe a la creación de nuevos Estados en contextos de descolonización o secesión. No es así. La Carta de las Naciones Unidas (1945) reconoce en su primer artículo los principios de “libre determinación de los pueblos” e “igualdad de derechos”, como bases del orden internacional. Está recogido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Declaración de la ONU relativa a los principios del Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados(Resolución 2625) estableció que “en virtud del principio de la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos (…) todos los pueblos tienen derecho de determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y de proseguir su desarrollo económico, social y cultural”. La Declaración y Programa de Acción de Viena (1993) reconoció el derecho inalienable a la libre determinación, y consideró que la denegación del derecho a la libre determinación constituye una violación de los derechos humanos.

La Convención Interamericana de Derechos Humanosmanifiesta que “el orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, la soberanía e independencia de los Estados”, y sostiene que “todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social (…) y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado”. En términos similares se expresa la “Proclama de América Latina y El Caribe como Zona de Paz”, la que fue suscrita por las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en enero de 2014, que estableció “el compromiso de los Estados de la Región con el estricto cumplimiento de su obligación de no intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos de cualquier otro Estado y observar los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos”. El Presidente de la República de Chile, cuyo Gobierno suscribió este documento, era Sebastián Piñera Echeñique.

En este contexto, consideramos de especial importancia hacer público lo siguiente:

1. Con los únicos fundamentos de sus prejuicios ideológicos y políticos, y de su opción de subordinación a la Administración Trump, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha transgredido gravemente los principios fundamentales de la política exterior de Chileydel Derecho Internacional al reconocer apresuradamente la presidencia ilegítima del opositor Juan Guaidó en Venezuela. Por lo visto, la idea de considerar a Chile como una estrella más en la bandera estadounidense no fue una mera fotografía.

No hay duda que la decisión del Gobierno de Piñera ha implicado abandonar la posición de respeto al Derecho Internacional, la promoción de la resolución no violenta de las controversias, el respeto a los principios de “igualdad soberana de los Estados” y de la no intervención “de una o más naciones en los asuntos internos de otra”. Con ello, se ha comprometido la soberanía e independencia de Chile, pues al legitimar la intervención en los asuntos soberanos de otro país, se pone en riesgo la soberanía e independencia de Chile y se legitima un orden internacional basado en el permanente cuestionamiento a la autodeterminación de los pueblos y en el reemplazo del derecho por la ley del más fuerte. Ello es abrir la puerta a la violación generalizada de los derechos humanos y los derechos de los pueblos, como lo demuestran en forma contundente ejemplos dramáticos de los últimos 30 años de invasiones y agresiones militares de Estados Unidos.

El reconocimiento de Juan Guaidó pretende desconocer al Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro; asimismo, representa una injerencia clara en los asuntos internos de otro país; se propone incitar a la violencia y al incremento del enfrentamiento y las tensiones internas; no ayuda a solucionar en forma democrática y no violenta las controversias; es un explícito llamado al desconocimiento de las instituciones establecidas para tales efectos y, por lo tanto, es un llamado a legitimar la sublevación y un golpe de Estado. Todo ello, en el contexto en que Donald Trump señala que “todas las opciones están sobre la mesa” frente a Venezuela, lo que es equivalente a validar la hipótesis de una invasión o una guerra civil.

2. La elección presidencial realizada en mayo de 2018 en Venezuela fue reconocida por los diversos sectores de la sociedad venezolana, inclusive de la oposición, y por la inmensa mayoría de la comunidad internacional. Participaron 16 partidos políticos en la contienda electoral y se postularon seis candidatos. El sistema electoral venezolano asegura a la población un amplio derecho de voto y tiene mecanismos de transparencia y verificación, siendo elogiado por el ex Presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y por el ex Jefe del Gobierno español, José Luís Zapatero. De hecho, fue el sistema electoral mediante el cual fue electa la actual Asamblea Nacional y, por lo tanto, Juan Guaidó, el mismo ahora autonombrado “presidente encargado”.

Debe notarse que, en nombre de la democracia, Guaidó se ha autodesignado “presidente encargado” sin que absolutamente nadie lo eligiera para aquel cargo y desconociendo los resultados de elecciones presidenciales que no pudieran ser cuestionadas en ninguna de las 18 auditorías que se practicaron, públicas y televisadas en vivo, sin pruebas de fraude hasta hoy, puesto que la oposición no ha presentado ninguna evidencia o denuncia concreta al respecto. Guaidó se ha autodesignado, además, quebrantando el principio democrático de la separación de poderes, pues ahora concentraría los poderes ejecutivo y legislativo. Su autoproclamación se opone al Derecho Internacional y a lo establecido claramente en la Carta Fundamental de Venezuela, incluyendo su Artículo 233, que ha sido invocado en forma maliciosa para justificar la autoproclamación de Guaidó.

3. La base de sustentación de Guaidó ha sidola Administración Trump y sus gobiernos aliados en la región, pues toda la comunidad internacional constató cómo el golpe de Estado en marcha tuvo su punto de partidano en la autoproclamación de “presidente encargado” sino que en las palabras del Vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Trump ya ha demostrado en reiteradas oportunidades que no respeta la soberanía de los pueblos y los acuerdos internacionales, incluyendo los que son fundamentales para la vida en el planeta, sosteniendo actitudes abiertamente contrarias a la paz, al respeto de los derechos humanos y al diálogo para la resolución de los conflictos.

¿Es verosímil aceptar que la preocupación de Trump sean la democracia y los derechos humanos en la patria de Bolívar?

La situación que se vive en Venezuela sólo puede ser superada en el marco del respeto irrestricto a la Constitución Política vigente en ese Estado y al conjunto de la legislación nacional que soberanamente se han dado los venezolanos y venezolanas, así como del respeto al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Desde una posición de respeto a la soberanía y la autodeterminación, de amistad con los pueblos del mundo y promoción de la democracia, Chile podría contribuir a superar los conflictos existentes en Venezuela. Ello implicaría, como se indica en las definiciones de Política Exterior de Chile, el compromiso de “cooperar en todos los foros multilaterales, universales, regionales, subregionales y bilaterales”, para contribuir con la construcción de una solución no violenta de los conflictos. Ello implica el camino del diálogo político, del respeto al derecho, de la diplomacia de los pueblos y el rechazo a la violencia.

A ello ha renunciado el Gobierno de Sebastián Piñera. Llamamos a la ciudadanía y a los pueblos de Chile a movilizarse para que nuestro país retome el camino de promover en el mundo la paz, el respeto a la soberanía de los pueblos, la cooperación y la democracia.

Llamamos a rechazar la decisión de Piñera de respaldar la autoproclamación de Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela y su opción principal de someter a Chile a las orientaciones de la Administración Trump para la región y el mundo.

Guillermo Teillier, Presidente del Partido Comunista de Chile, Diputado

Guillermo González, Presidente del Partido Igualdad

Fernando Zamorano, Presidente del Partido MAS Izquierda Ciudadana

Demetrio Hernández, Secretario General del Movimiento de Izquierda Revolucionaria

Esteban Silva, Presidente del Movimiento del Socialismo Allendista – MDP

Camilo Lagos, Presidente del Partido País Progresista

Claudia Pascual, ex Ministra de la Mujer y Equidad de Género

Víctor Osorio Reyes, ex Ministro de Bienes Nacionales

Marcos Barraza, ex Ministro de Desarrollo Social

Jeannette Jara, ex Subsecretaria de Previsión Social

Oscar Vega, ex Gobernador de la Región de Maule

Lautaro Carmona, Secretario General del Partido Comunista de Chile

Juan Andrés Lagos, encargado de Relaciones Políticas del Partido Comunista de Chile

Francisco Parraguez, secretario general del Partido MAS Izquierda Ciudadana

Pablo Sepúlveda Allende, Coordinador de intelectuales, artistas y movimientos sociales en Defensa de la Humanidad. Nieto del Presidente Salvador Allende

Tamara Muñoz, Vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)

Florencia Lagos Neumann, ex Agregada Cultural de Chile, actriz y gestora cultural

Sandra Beltrami, ex vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH)

Zayda Araya, presidenta del Comando Nacional de Exonerados de Chile

Gonzalo Aguirre, encargado del Grupo de Política Internacional del Frente Amplio (FA) y miembro de la Comisión de Política Internacional del Partido Igualdad

Itayreé Acle Araya, psicóloga, Fuerza de Bases del Partido Radical de Chile

Genoveva Chovan Maureira, abogada y profesora, Fuerza de Bases del Partido Radical de Chile

Arturo Aguirre, Alcalde de Cerrillos (Partido Socialista)

Irací Hassler, Concejala de Santiago (Partido Comunista)

Natalia Cuevas, Concejala de Recoleta (Partido Comunista)

Camila Donato, Concejal de Macul (Partido Comunista)

Kain Soto, Concejal de Isla de Maipo (Partido Igualdad)

Lautaro Guanca, Concejal de Peñalolén (Partido Igualdad)

Italo Bravo, Concejal de Pudahuel (Partido Igualdad)

Luis Isaías Jofré, Concejal de San Pedro de la Paz (MAS Izquierda Ciudadana)

Víctor Palomino Sandoval, Concejal de Talcahuano (MAS Izquierda Ciudadana)

Leocán Portus, Consejero Regional de la Región del Biobío

Tania Concha, Consejera Regional de la Región del Biobío

Camila Vallejo, Diputada (Partido Comunista de Chile)

Karol Cariola, Diputada (Partido Comunista de Chile)

Carmen Hertz, Diputada (Partido Comunista de Chile)

Marisela Santibáñez, Diputada (Partido País Progresista)

Boris Barrera, Diputado (Partido Comunista de Chile)

Hugo Gutiérrez, Diputado (Partido Comunista de Chile)

Amaro Labra, Diputado (Partido Comunista de Chile)

Daniel Núñez, Diputado (Partido Comunista de Chile)

Alejandro Navarro, Senador de la República (Partido País Progresista)

Eduardo Contreras, ex Embajador, abogado, encargado de relaciones internacionales del Partido Comunista de Chile

Roberto Stirling, Secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Igualdad

Mónica Quilodran, Responsable Relaciones Internacionales del Movimiento de Izquierda Revolucionaria

Carolina Aedo, Vicepresidente Relaciones Internacionales del Partido País Progresista

Claudio Chandia Ralph, abogado, primer vicepresidente general del Partido MAS Izquierda Ciudadana

Patricio Guzmán, Vicepresidente Movimiento del Socialismo Allendista – MDP

Jonatan Díaz, Secretario General del Partido País Progresista

Marcelo Cárdenas, Vicepresidente Relaciones Políticas del Partido País Progresista

Verónica Molina, dirigente Movimiento del Socialismo Allendista – MDP

Patricio Paniagua, cineasta

Freddy Araneda, escritor

Patricio Alvear, académico y auditor

Virginia Benítez, académica y Doctora (c) en Artes y Educación

Álvaro Leiva, poeta y escritor

Oriana Zorrilla, dirigente nacional del Colegio de Periodistas de Chile

Claudio Pereda, periodista, director de la revista “Cultura y Tendencias”

Iván Gutiérrez Lozano, periodista, representante legal del diario electrónico Crónica Digital

Hugo Guzmán Rambaldi, director de “El Siglo”

Carlos Ugas, director de Radio Nuevo Mundo

Celso Calfullan, Director Werken Rojo

Jorge Gálvez, Director de AND Noticias

Fabiola Asmad, poeta y licenciada en Derecho

Marta Quiñones, secretaria general Corporación de Desarrollo Social de Pudahuel

Braulio Meza, secretario general de la Fundación Pudahuel para Todos

Solange Muñoz, secretaria general de Corporación Social y Ecológica de Macul

Andrés Gavilán, presidente de Corporación Social y Ecológica de Macul

Mauricio Llaitul, dirigente mapuche de la Región Metropolitana

Agustina Lo Bianco, Directora Ejecutiva de Fundación Progresa

Alejandra Arriaza, abogada, vicepresidenta de la Corporación Ciudadanía & Justicia

Francisco Javier Piña, coordinador territorial de la Corporación Ciudadanía & Justicia

Marco Hernández, director de la Corporación Ciudadanía & Justicia

Pierre Averdiu, director de la Corporación Ciudadanía & Justicia

Claudio Lara, médico veterinario, ex Secretario Regional Ministerial en Los Ríos

Marcela Cepeda, trabajadora social, ex Secretaria Regional Ministerial en Atacama

Jaime Gallardo, abogado

Carlos Díaz, abogado

Guillermo Garrido, abogado

Roberto Ávila, abogado

Ignacio Rojas, abogado

Pedro Saldaño, director fundador de la Mutual Latinoamericana del Transporte

Ivonne Peralta, presidenta de la Asociación de Observadores y Defensores de los Derechos Humanos (ODDH – Chile)

Raúl Encina, vocero de la Asociación de Observadores y Defensores de Derechos Humanos (ODDH – Chile)

Juan Guerrero, coordinador nacional de la Izquierda Cristiana de Chile

Domingo Baudrand Cintolessim dirigente de la Izquierda Cristiana de Chile

Jorge Sepúlveda Lynch, economista, Fuerza de Bases del Partido Radical de Chile

Cecilia Parra Orrego, dentista, Fuerza de Bases del Partido Radical de Chile

Álvaro Soto Contreras, Fuerza de Bases del Partido Radical de Chile

Camilo Sánchez, presidente de las Juventudes Comunistas

Reynaldo Morales, secretario general de las Juventudes Comunistas

Javiera Reyes, encargada de relaciones internacionales de las Juventudes Comunistas

Miguel Echeverría, Jóvenes del Partido MAS Izquierda Ciudadana

Consuelo Moreno, Jóvenes del Partido MAS Izquierda Ciudadana

Rodrigo Pinto, Presidente de las Juventudes Progresistas

Guillermo Pérez, Vicepresidente de las Juventudes Progresistas

Héctor Paz, Vicepresidente de las Juventudes Progresistas

Alan Gerhard Fancelli Esmar, Secretario General de las Juventudes Progresistas

Gabriel Pozo, ex presidente de la Comisión Pro Derechos Juveniles

Leonardo Gutiérrez, presidente del Regional Biobío del Partido MAS Izquierda Ciudadana

Jorge Aguirre, Trabajador Social y ex miembro del Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo

Juan Gajardo, encargado de organización del Partido Comunista de Chile. Escritor

Rafael Henríquez, Responsable del Instituto de Investigaciones Pedagógicas “Patricio Sobarzo”, miembro del Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)

Víctor Cárcamo, Académico, miembro del Comité Central del MIR

Cecilia Pardo, periodista, mesa directiva nacional del Partido MAS Izquierda Ciudadana

Gina Valsasnini, Mujeres del Partido MAS Izquierda Ciudadana

Rodrigo Loyola, Vicepresidente de la Agrupación de Ex Presos Políticos

Claudia Iriarte, Doctora en Derecho Fundación Constituyente XXI,

Mirtha Alvarado, Directora Fundación Constituyente XXI,

Carlos Moya, académico

Renzo Galgani, Vicepresidente Electoral del Partido País Progresista

María Cecilia Romero, Vicepresidenta de Género del Partido País Progresista

Ricardo Godoy, Vicepresidente de Programa del Partido País Progresista

Pedro Abarca, Vicepresidente de Organización Regional del Partido País Progresista

Andrea Condemarín, Tesorera del Partido País Progresista

Luis Jara, Vicepresidente de Acción Social del Partido País Progresista

Verónica Cifuentes, Vicepresidenta de Comunicaciones del Partido País Progresista

Francisco San Martín, Consejero Federal de Maule del Partido País Progresista

María Verónica Saavedra, Presidenta Región de Maule del Partido País Progresista

Patricio Godoy, Secretario del Regional de Maule del Partido País Progresista

Carolina Ceballos, Presidenta del Regional Biobío del Partido País Progresista

Sergio Sanhueza Riveros, Secretario Regional Biobío del Partido País Progresista

Sebastián Medida, Presidente del Regional Ñuble del Partido País Progresista

Camila Cerda Ponce, Secretaria Regional Ñuble del Partido País Progresista

Luis Alberto Díaz, Dirigente Región Metropolitana del Partido País Progresista

Yanara Isabel Molina Tobar, Consejera Federal del Partido País Progresista

Belén Calcagno, Consejera Federal y Vicepresidenta Regional de Género del Partido País Progresista

Marco Lobos, Presidente Regional Araucanía del Partido País Progresista

Pamela Garcés, Secretaria Regional Araucanía del Partido País Progresista

Alexander Aránguiz Meza, Dirigente Social de la comuna de Pudahuel 

Santiago de Chile, 27 de enero de 2019