Procesan a 11 miembros (r) de la Armada y Carabineros por secuestro y torturas a niña de 15 años

El ministro en visita en causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, sometió a proceso a 11 miembros de la Armada y Carabineros en retiro por su responsabilidad en el secuestro con grave daño y detención ilegal de Gladys Zavala Nuñez en febrero de 1974, adolescente de 15 años a la época de los hechos.

El magistrado encausó a Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Riquelme Villalobos, Alejo Esparza Martínez, Héctor Santibáñez Obreque, Jaime Lazo Pérez, Ricardo Riesco Cornejo y Eduardo Núñez Contreras, como autores de secuestro con grave daño y aplicación de tormentos.

En tanto, Patricia del Carmen Orellana Alvarado fue procesada como cómplice de secuestro con grave daño y aplicación de tormentos. Asimismo, Marcelo Vargas Goas, Héctor Tapia Olivares y Sergio Hevia Febre fueron encausados como autores de detención ilegal.

El ministro estableció que en el marco del llamado «Plan Cochayuyo» aplicado en Valparaíso, la víctima fue fuertemente buscada por agentes del Estado vestidos de civil, quienes allanaron su domicilio y amenazaron de muerte a los demás miembros de su familia en caso de que ella no apareciera la próxima vez que volvieran a buscarla.

Ante esto, Zavala Núñez fue devuelta por su familia a Valparaíso con la esperanza de que en el momento en que sus aprehensores vieran que era una menor de edad, desistirían de una posible detención. Sin embargo, al día siguiente de su regreso la adolescente fue sacada de su hogar junto a su hermana Georgina y trasladada al cuartel Silva Palma.

Allí permaneció por cuatro días, «durante los cuales fue objeto de interrogatorios, los que versaban principalmente sobre ubicación de armas, de golpes, privación de alimentación y del sueño, amenazas a la integridad de otros miembros de su familia, y objeto de un maltrato relevante y permanente», como se lee en el fallo.

* El Ciudadano - Daniel Labbe

Justicia condena a 28 ex DINA por secuestro calificado de fotógrafo de Investigaciones en 1974

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a 28 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), como autores del delito de secuestro calificado de Teobaldo Antonio Tello Garrido (en la foto), perpetrado el 22 de agosto de 1974, en el marco de la denominada «Operación Colombo» (leer su historia en este enlace).

En fallo unánime, la Octava Sala del tribunal de alzada condenó a César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, a 13 años de presidio.

En tanto, Manuel Andrés Carevic Cubillos, Ricardo Víctor Lawrence Mires, Ciro Ernesto Torré Sáez, Gerardo Ernesto Godoy García, Nelson Alberto Paz Bustamante, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Hermón Helec Alfaro Mundaca, José Ojeda Obando, Rosa Humilde Ramos Hernández, José Abel Aravena Ruiz, Teresa del Carmen Osorio Navarro, Pedro René Alfaro Fernández, Luis René Torres Méndez, Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, Juan Ángel Urbina Cáceres, Jerónimo del Carmen Neira Méndez, Silvio Antonio Concha González, Palmira Isabel Almuna Guzmán, Leonidas Emiliano Méndez, Luis Rigoberto Videla Inzunza, Julio José Hoyos Zegarra y Gerardo Ernesto Urrich González, deberán cumplir 10 años de presidio.

En el caso de Víctor Manuel Álvarez Droguett y Samuel Enrique Fuenzalida Devia deberán purgar 4 años y 541 días de presidio, respectivamente.

“Que la presente causa se originó para investigar las circunstancias de la desaparición forzada de Teobaldo Antonio Tello Garrido, después de haber sido detenido por agentes del Estado, pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), el 22 de agosto del año 1974, y mantenido en los centros de detención ‘Ollagüe’, ‘Villa Grimaldi’ y ‘Cuatro Álamos’, recintos que eran custodiados por guardias armados. Donde Teobaldo Tello fue objeto de torturas provocadas por agentes de ese organismo, desconociéndose posteriormente su paradero, hasta el día de hoy“, sostiene el fallo.

Resolución que agrega que el delito constituye un crimen de lesa humanidad, “toda vez que los secuestros calificados -denominados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como ‘desapariciones forzadas’- forman parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de un grupo determinado de la población civil, conformado, en este caso, por miembros y adherentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), condición que tenía en esa época la víctima”.

En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al Fisco a pagar $80 millones a los familiares de la víctima.

* Agencias / El Ciudadano - Opazo