Gendarmes investigados por asesinato de joven del “Caso Bombas”

Kevin Garrido Fernández, reo desde septiembre, fue asesinado en la cárcel Santiago 1. Dos funcionarios de la institución serán investigados por la muerte del recluso.

Dos gendarmes son investigados por una supuesta riña con un par de reclusos en la cárcel Santiago 1, la que habría terminado con la vida de Kevin Garrido Fernández (21), condenado a 17 años de presidio efectivo por los delitos de posesión, tenencia y colocación de artefactos explosivos.

Según el parte médico, el reo que cumplía su pena por el “Caso Bombas” desde el 5 de seprtiembre, falleció a eso de las 10.26 horas del viernes. Antes de eso, habría tenido lugar la disputa, en la que Garrido sacó la peor parte, siendo herido en varias ocasiones con un arma blanca, en la zona del abdomen y el tórax.

A sus 18 años, Kevin acumulaba un nutrido prontuario: una explosión en la Escuela de Gendarmería, el 2015, donde se le condenó como uno de los principales responsables, y la colocación de bomba en la 12° Comisaría de Carabineros de San Miguel, ese mismo año. Relato premonitorio. Al ser capturado, fue puesto en prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad, para luego ser trasladado a Santiago 1, tras varias cesiones y peticiones de su parte y su defensa. Kevin se decidió a escribir un manifiesto el 28 de noviembre de 2016, el que fue publicado por sitios web como CONTRAINFO.

Ahí relató los violentos episodios con los que debía lidiar a diario tras las rejas. “Escribo a altas horas de la noche, al menos para mí, que día tras día mis ojos se abren a las 7:30 de la mañana, de un intranquilo dormir, para ver el gris hormigón y las grandes puertas de seguridad. Aún así, es el mejor momento para escribir lo que siento”, rezaba uno de los pasajes en los que denotaba su pesar.

Su traslado a Santiago 1 desató las más inquietantes revelaciones de la carta. En las líneas, relata cómo las disputas entre reos hacían enfrentarse diariamente con la muerte.

“He visto presos apuñalados, quemados con agua hirviendo. He visto bajar tranquilamente la escalera por la mañana a un preso, mientras otro le lanza un cuchillo al cuello”, fue parte de su escabrosa descripción.

Además, agregó que “he visto, y sin poder hacer nada, cómo carceleros golpean hasta aburrirse a otro preso, reflejándome en él, por ya haber pasado por esas situaciones. No es agradable ver que presos se asesinen entre sí, sabiendo que todos están en la misma situación carcelaria, como tampoco es agradable tener que acudir a una cuchilla (porque peleas a combos no existen), porque en el módulo hay problemas y con 200 presos en un mismo patio”.

A pesar de la difícil situación que atravesaba como interno, Kevin mantuvo una actitud desafiante.

“Jamás suprimiré de mi memoria los golpes directos de pie y puños a los policías y sus feas caras de cobardía, los días y noches corriendo con fuego en las manos hacia la autoridad”, sentenció.

* La Cuarta - Iván Urbina

Condenan a Carabineros por tortura, secuestro y fusilamiento de militante socialista en 1973

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción por causas de violación a los Derechos Humanos condenó un funcionario en retiro de Carabineros, por el delito de aplicación de tormentos y como autor del secuestro con resultado grave de Mario Alberto Ávila Maldonado, delitos ocurridos entre septiembre y noviembre de 1973.

De esta manera, el ex-uniformado, Héctor Aburto Muñoz, recibió una pena efectiva de 61 días por el primer delito, mientras que por el segundo 5 años y un día.

En la investigación, Carlos Aldana -ministro en la causa- absolvió a Franklin Crisosto Maldonado por no lograrse comprobar su participación en los hechos.

Así se estableció que la víctima -militante del partido socialista- se presentó voluntariamente a la comisaría de Penco el 18 de septiembre de 1973, siendo recibido por Aburto Muñoz, y obligado a permanecer en la unidad policial, donde fue torturado mediante golpes y quemaduras durante 48 horas.

Pasado unos días del ataque, Mario Ávila se trasladó hasta el Departamento de Desarrollo Social de Tomé, donde fue detenido y llevado hasta el sector rural de “Quebrada Honda”, lugar donde fue ejecutado días más tarde con armas de fuego por Carabineros, hallándose sus restos el 27 de noviembre de 1973.

En el ámbito civil, Aldana condenó al Estado de Chile a indemnizar con 90 millones de pesos a cada uno de los familiares de la víctima; a su cónyuge Rosario Reyes, y a su hijo, Mario Ávila.

* Cambio 21