Llamado de atención a Chile: Comité ONU insta a que violadores de DDHH cumplan penas efectivas

Aludiendo al tema mapuche, en el informe del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas se solicita también al país “abstenerse de aplicar la legislación antiterrorista a personas acusadas únicamente de atentados contra la propiedad cometidos en el marco de protestas en reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas”.

Un llamado al Estado chileno formuló el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas para continuar con el enjuiciamiento de violaciones de derechos humanos y a “garantizar que sus autores sean condenados conforme a la gravedad de sus actos, velando por el cumplimiento de las penas”, excluyendo posibles amnistías o indultos.

El planteamiento de este organismo fue parte de la entrega de las observaciones realizadas a Chile de la implementación en el país de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El llamado se produce en el contexto de las polémicas decisiones de la Sala Penal de la Corte Suprema de otorgar la libertad condicional a condenados por delitos de lesa humanidad, lo que ha gatillado en Chile el rechazo del mundo de los derechos humanos y el anuncio de una acusación constitucional contra los magistrados integrantes de la instancia por parte de la oposición.

Entre otras observaciones, el organismo internacional además solicitó derogar el secreto de 50 años sobre la información presentada por víctimas a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y a crear un mecanismo de identificación y reconocimiento de las víctimas.

Aludiendo al tema mapuche, en el informe se le solicitó también al país garantizar que los actos de terrorismo estén definidos en la legislación nacional “de manera precisa y estricta”, y a “abstenerse de aplicar la legislación antiterrorista a personas acusadas únicamente de atentados contra la propiedad cometidos en el marco de protestas en reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas”.

En materia de infancia y adolescencia, el Comité emplazó al Estado a que se investiguen y juzguen los casos de muertes, malos tratos y abusos a niños, niñas y adolescentes, en centros de internación y de protección de la red del Servicio Nacional de Menores, así como a subsanar las deficiencias en la gestión del servicio. Asimismo, el Comité valoró que el Estado hiciera público el informe realizado por el Comité ONU sobre Derechos del Niño en la materia.

En cuanto a los derechos de las personas privadas de libertad, el CAT expresó que el país debe garantizar que gocen de salvaguardias legales fundamentales, así como aminorar la sobrepoblación y mejorar las condiciones de detención. En tal sentido, solicitó investigar y sancionar casos de muerte en custodia, tomar medidas preventivas ante la violencia entre internos/as, y revisar estrategias contra el suicidio de personas en reclusión.

En casos de uso excesivo de la fuerza, y denuncias de violencia sexual policial en contra de mujeres y niñas, el Comité requirió investigar, enjuiciar y condenar a los responsables y garantizar la reparación de las víctimas. El CAT también recomendó formar en diversas materias de derechos humanos a los agentes públicos, específicamente a agentes del orden y del sector judicial.

En su informe, el CAT solicitó al Estado establecer un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; a asegurar que los delitos de tortura sean castigados con penas adecuadas, y a derogar la prescripción de este delito. El Comité también instó al Estado chileno a prescindir de la jurisdicción militar para juzgar violaciones de derechos humanos y delitos contra civiles por parte de personal militar.

Así también, el CAT instó a revisar la legislación vigente en temas como migración y trata de personas, y a investigar malos tratos contra personas con discapacidad y de la tercera edad internas en residenciales, entre otras múltiples recomendaciones.

Asimismo emplazó al Estado a que defina de manera precisa el delito de “terrorismo” en la legislación; a que se investigue y juzgue la violencia sexual policial contra mujeres; y a que se persigan los casos muertes de niños/as custodiados por el Estado. 

Examen

El Instituto Nacional de Derechos Humanos participó de una sesión cerrada con el Comité el día 27 de julio, donde la directora, Consuelo Contreras Largo, presentó los puntos de preocupación del INDH en relación con los derechos reconocidos y protegidos por la Convención, así como las propuestas de recomendaciones que permitan avanzar en el adecuado cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile.

Luego, los días 30 y 31 de julio pasado el Estado de Chile fue examinado por el Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas, en específico se revisó la implementación en el país de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Asimismo, 10 organismos estatales representantes de los tres poderes del Estado y encabezados por la Subsecretaría de Derechos Humanos, rindieron cuenta de la implementación de la Convención ante el Comité. Integraron la delegación chilena el Ministerio del Interior y Seguridad Pública; el Ministerio de Salud; el Ministerio de Relaciones Exteriores; el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género; Gendarmería de Chile; el Servicio Médico Legal; el Servicio Nacional de Menores; el ministro de la Corte Suprema, Carlos Kunsenmuller, en representación del Poder Judicial; y el senador Juan Ignacio Latorre, en representación del Poder Legislativo.

Finalmente, el Comité ONU invitó al Estado de Chile a presentar su próximo informe a más tardar el 10 de agosto de 2022.

Revise las observaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas acá

* El Mostrador.cl - País

Corte Suprema condenó a 24 ex agentes de la DINA que participaron en la Operación Colombo

En fallo unánime la segunda sala del máximo tribunal penal, condenó a los responsables del secuestro de Jorge Arturo Grez Aburto a penas que van entre los cuatro a 14 años de presidio. Uno de los condenados, Miguel Krassnoff Martchenko, ya supera los 650 años de prisión.

La Corte Suprema condenó este martes a 24 ex agentes de la DINA por el secuestro y desaparición de Jorge Arturo Grez Aburto, detenido desaparecido desde el 23 de mayo de 1974, en el marco de la “Operación Colombo”.

César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Gerardo Urrich González, fueron condenados a penas de 13 años de presidio, mientras que Raúl Iturriaga Neumann, Manuel Carevic Cubillos, Ciro Torré Sáez, Sergio Castillo González, José Fuentealba Saldías, José Fuentes Torres, Julio Hoyos Zegarra, Nelson Paz Bustamante, Claudio Orellana de la Pinta, Enrique Gutiérrez Rubilar, José Ojeda Obando, Hugo Delgado Carrasco, Juan Duarte Gallegos, Leónidas Méndez Moreno, Pedro Araneda Araneda, Rafael Riveros Frost y Víctor Manuel Molina Astete, a 10 por autores del delito.

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A su vez, Luis Mora Cerda, José Hormazábal Rodríguez y Reinaldo Concha Orellana se les dio una pena de cuatro años por ser cómplices del hecho.

Cabe recordar que el martes 7 de agosto la misma Corte Suprema dictó la sentencia por los crímenes cometidos en contra de María Cristina López Stewart y Álvaro Vallejos Villagrán, pertenecientes al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Miguel Krassnoff Martchenko, uno de los condenados por este delito, con esta nueva pena acumula más de 650 años de cárcel.

* CNN Chile