Corte eleva penas a coronel en retiro de carabineros por secuestro y homicidios en cerro Chena

La sentencia consideró que no se puede aplicar la minorante de irreprochable conducta respecto del condenado, debido a los numerosos procesos en que esta siendo investigado por causas por violaciones a los derechos humanos.

La Corte de Apelaciones de San Miguel elevó las penas para el coronel en retiro de Carabineros Nelson Bravo Espinoza por su responsabilidad en los delitos de secuestro simple y homicidio calificado de Gustavo Hernán Martínez Vera, ocurridos en septiembre de 1973 en San Bernardo.

En el fallo (causa rol 242-2017), la Segunda Sala del tribunal de alzada -integrada por las ministras María Teresa Letelier, María Carolina Catepillán y el abogado (i) Pablo Hales- elevó de 3 años a 4 años de presidio la pena como autor del delito de secuestro simple; y a 5 años y un día a 8 años la sanción, en calidad de cómplice homicidio calificado.

La sentencia consideró que no se puede aplicar la minorante de irreprochable conducta respecto del condenado, debido a los numerosos procesos en que esta siendo investigado por causas por violaciones a los derechos humanos.

La sentencia de la ministra Cifuentes determinó que:

1° Que el día 25 de septiembre de 1973, en horas de la tarde, en circunstancias que Gustavo Hernán Martínez Vera se encontraba en su domicilio, ubicado en avenida 18 de Septiembre N° 1.225 de la comuna de Paine, fue detenido, sin derecho, por funcionarios policiales de dotación de la Subcomisaría de dicha localidad.

2° Que, en esa fecha, la Subcomisaría de Carabineros de Paine se encontraba bajo el mando del Capitán Nelson Iván Bravo Espinoza.

3° Que, acto seguido, Martínez Vera fue trasladado a la referida unidad policial, lugar en que se le mantuvo encerrado sin derecho y, en lugar de ser puesto a disposición de la autoridad administrativa o judicial, fue entregado a efectivos militares, quienes lo trasladaron hasta el campo de prisioneros del cerro Chena, dependiente de la Escuela de Infantería de San Bernardo, sitio en que fue ejecutado".

En el aspecto civil se confirmó la sentencia que condenó al Fisco a pagar $ 200.000.000 (doscientos millones de pesos) a los familiares de la víctima.

No a la Impunidad

El texto, según el abogado defensor de este criminal, desclasifica información inédita sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura.

El pasado 29 de mayo el ex jefe operativo de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), Álvaro Corbalán, quien cumple cadena perpetua en Punta Peuco por sus crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar, publicó su libro Las respuestas de Corbalán. En pleno centro de la capital, en las dependencias del lujoso hotel Crown Plaza, la Corporación 11 de septiembre organizó al evento, al que Corbalán no pudo concurrir de manera presencial, pero sí televisada y con una selecta cobertura de prensa.

El texto, según el abogado defensor de este criminal, desclasifica información inédita sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura.

Gracias a organizaciones y activistas de los derechos humanos, entre los que figuran la Comisión Funa y organizaciones de familiares, este acto recibió su merecido repudio; afuera del hotel se agruparon los manifestantes y en pleno acto una de las integrantes del directorio del sitio de memoria Cuartel Borgoño, Patricia Zalaquett, increpó al periodista Patricio Amigo, editor del libro y cómplice de crímenes de lesa humanidad, y a los asistentes que se encontraban en el lugar. Y así fue cómo un acontecimiento que pudo pasar desapercibido, pasó al público conocimiento de la población, mediante una profusa difusión mediática a propósito de la interrupción de esta valiente mujer. Sin embargo, poco se comentó el por qué en Chile es posible que un violador de derechos humanos tenga la libertad y el poder de lanzar un libro en el que supuestamente revela detalles que omitió ante la justicia. Este hecho es una señal de que la justicia en este país no ha sido cabal, no garantiza la no repetición de estos hechos y, por último, no es igual para todos.

Corbalán cuenta con todos los medios y cobertura necesaria para publicar un libro que, señala, desclasifica información inédita sobre las violaciones a los derechos humanos. A presos de Punta Peuco se les ha autorizado visitar a familiares. Sin embargo, el machi Celestino Córdoba no puede asistir excepcionalmente a una ceremonia religiosa en su rehue.

El mensaje que dejemos a las nuevas generaciones es funesto: puedes cometer crímenes de lesa humanidad; en este país te brindarán cárceles especiales e incluso puede que tengas una salida dominical y la posibilidad de lanzar tus memorias. Y no es un caso único el de Corbalán; no olvidemos que en 2011 se realizó un homenaje a Miguel Krassnoff en el Club Providencia, en ocasión de un nuevo lanzamiento del libro de Gisela Silva, Miguel Krassnoff, prisionero por servir a Chile.

En justicia y garantías de no repetición se ha avanzado de manera tardía y algo paradójica. Nos ha tocado ‘construir la democracia’ con un ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de alcalde, el dictador de comandante en jefe del Ejército y senador vitalicio (hasta que un juez extranjero lo detiene en otro país) y una ley de Amnistía dictada por Augusto Pinochet vigente, a pesar de no estar siendo aplicada por los tribunales.

Probablemente la mentada publicación del libro de este criminal desaparezca de la memoria de la mayoría de los ciudadanos; quizá ni siquiera llegó a detenerse por un momento en la memoria a corto plazo de muchos. La rapidez y evanescencia de los medios digitales es a la vez una causa y un efecto de una feble memoria social e histórica. El modelo neoliberal que impera en Chile nos ha instruido en un extraño concepto de libertad. Es la libertad del mercado, mediada por el poder adquisitivo de cada cual y por sus vínculos con las elites privilegiadas; que separa el ejercicio de la libertad de la responsabilidad que involucra. Por eso, y sin perjuicio de los avances en materia de verdad, justicia y reparación que a punta de tesón se han conseguido, es necesario plantearse en la esfera de lo público el límite de la libertad. No se trata de reprimir la libre expresión individual, sin embargo, ¿acaso no es un delito ocultar información ante la justicia? Obstrucción a la justicia que también constituye una ofensa a los compañeros, amigos y familiares de las víctimas.

Hoy denunciamos las manifiestas formas que adquiere la impunidad en nuestro país.

Mariana Zegers Izquierdo

Secretaria General Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi