La hora decisiva de Cheyre: Juez Carroza alista su condena entre 5 y 10 años de cárcel tras acreditar complicidad en caso “Caravana”

El juez Mario Carroza se apronta a condenar al excomandante en jefe del Ejército -quien fue el primer jefe militar en pedir perdón a nombre de la institución por las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el régimen del general Pinochet- a una pena de entre cinco y 10 años de cárcel por el episodio “La Serena” de la denominada Caravana de la Muerte.

Miró por la ventana y estuvo varias horas en silencio… pensativo. La mañana del 7 de julio de 2016, Juan Emilio Cheyre se había levantado temprano, como acostumbraba, para asistir a un reunión en la Cancillería del Consejo Asesor de la Defensa de Chile ante La Haya por la demanda marítima boliviana, rol que el excomandante en jefe del Ejército desempeñaba a la par de su cargo como consejero del Servicio Electoral.

A solo cuatro cuadras del Ministerio de Relaciones Exteriores, ese día, en los pasillos del Palacio de Tribunales había un movimiento inusual. Funcionarios de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI sacaban desde el despacho del juez Mario Carroza ocho órdenes de detención en contra de igual número de procesados en la investigación por el asesinato de 15 presos políticos en el Regimiento Arica, de La Serena, uno de los episodios de la denominada Caravana de la Muerte. Con ello se vivía un hito relevante en una emblemática causa por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, la que en las próximas semanas está a punto de concluir.

Uno de esos ocho procesados era Cheyre, a quien se le atribuyó calidad de cómplice de homicidio calificado, dando un giro a una trayectoria reconocida desde hace al menos 12 años, cuando como comandante en jefe del Ejército se erigió como el general del “nunca más”, al pedir perdón en nombre de la institución por las violaciones a los derechos humanos del régimen militar.

Ese 7 de julio -hace casi ya dos años-, tras finalizar la actividad, Cheyre salió raudo del edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya había sido advertido por sus abogados de lo que estaba ocurriendo. Horas más tarde, el exjefe militar se entregaría a la PDI y sería trasladado al Batallón de Policía Militar, en Peñalolén, donde estaría preso hasta que lo liberaran bajo fianza. “No habló mucho ese día, estaba noqueado, igual que todos, miraba por la ventana, estaba en silencio”, recordó uno de los procesados que –junto a Cheyre- luego fue acusado, el 26 de abril del año pasado.

El episodio “La Serena” del caso Caravana de la Muerte entró en su recta final, luego de que esta semana el juez Carroza certificara el término probatorio, es decir, la fase de recopilación de pruebas. El 18 de mayo se dieron por concluidos los 20 días de plenario, la etapa de juicio del antiguo sistema penal en que los investigados deben intentar desvirtuar los cargos que se imputan en su contra y, por otra parte, presentar testigos de conducta que puedan rebajar su condena. Cheyre había propuesto al expresidente Ricardo Lagos, sin embargo, Carroza desechó su testimonio, porque no estaba relacionado con los hechos investigados.

La defensa de Cheyre lo intentó. En su respuesta a la acusación, el penalista Jorge Bofill -quien ha calificado la imputación a Cheyre como “una persecución política infame”- aseguró en un escrito que respecto del excomandante en jefe del Ejército se ha generado una “situación de indefensión”. Esto, debido a que -según denuncia- el juez Carroza al dictar la acusación “no explicita la conducta que se atribuye a don Juan Emilio Cheyre Espinosa”, con lo que se estarían afectando garantías constitucionales del exuniformado.

El vínculo del general (R) con esta indagatoria surgió en junio de 2016, cuando dos víctimas de tortura lo identificaron como uno de los uniformados a cargo del Regimiento de Artillería N°2 Arica, de La Serena. A ese lugar arribó el 16 de octubre de 1973, y por solo unas horas, un helicóptero “Puma” que trasladaba al general Sergio Arellano Stark, líder de la Caravana de la Muerte, comitiva del Ejército mandatada por Augusto Pinochet para acelerar los juicios sumarios a opositores del régimen. Según la indagatoria del ministro Mario Carroza, el entonces teniente Juan Emilio Cheyre era el ayudante del jefe del regimiento, el teniente coronel Ariosto Lapostol, quien también hoy está acusado por estos homicidios calificados, aunque como autor.

La comitiva enviada por Pinochet pasó por 16 ciudades, iniciando la ejecución de dirigentes políticos 19 días después del golpe de Estado. Primero fue al sur del país y luego al norte, sumando un total de 97 prisioneros políticos desaparecidos y asesinados. Quince de ellos fueron “ajusticiados sin juicio previo alguno, mediante disparos” -según sostiene la acusación de Carroza- en el polígono de tiro del mencionado recinto militar en La Serena.

La presión de “Calama”

Por estos días, en el despacho del ministro Mario Carroza, ubicado en un edificio en diagonal al Palacio de Tribunales, en pleno centro de Santiago, los actuarios trabajan a contrarreloj.

Impresoras entregando documentos, hojas de los expedientes que son revisados por abogados, una secretaria que conversa con un compañero en voz baja, un funcionario que lleva documentos para firmar al ministro y toca la puerta de su despacho, apenas entreabierta.

Los sonidos se mezclan en el cuarto piso de los tribunales de calle Compañía. Ha sido un año duro y Carroza y sus ayudantes no han parado. Esta semana, el juez entró en el estudio de la sentencia por los secuestros calificados de la Operación Cóndor, otro emblemático caso por violaciones a los derechos humanos, temática a la cual el magistrado está abocado por mandato de la Corte Suprema. Solo en mayo dictó cinco fallos por estas materias: la desaparición de un estudiante de biología; el homicidio de un campesino en Palmilla y secuestros y asesinatos en la casa de la cultura de Barrancas, entre otros.

Certificada la fase de recopilación de pruebas, ya están dispuestos los expedientes del Rol N° 2182-98 “A” Episodio Caravana de la Muerte: La Serena para que ingresen a la oficina de Carroza y sean revisados por el juez que -según sostienen en tribunales- está redactando más de un fallo a la vez para cumplir con los plazos estipulados en su cronograma anual.

El futuro de Cheyre y los otros ocho procesados en esta causa está vinculado al análisis que el ministro ha hecho de testimonios y pruebas allegadas al proceso, pero una sentencia dictada en el “episodio Calama” de la misma Caravana de la Muerte, instruida por su par de la Corte de Santiago, ministro Hernán Crisosto, puso una inesperada presión al fallo que debe dictar Carroza. En el aludido dictamen, emitido el 24 de abril, se sentencia la desaparición y homicidio de 26 víctimas que fueron fusiladas el 19 de octubre de 1973 por la misma comitiva del oficial delegado del comandante en jefe de la Junta de Gobierno, Sergio Arellano Stark, tres días después de su paso por La Serena.

Crisosto condenó a 10 años y un día de presidio efectivo a quienes había acusado como cómplices de estos homicidios, Emilio Robert de la Mahotiere y Luis Felipe Polanco. Ambos están en una situación procesal parecida a la del excomandante en jefe del Ejército. Si bien cada magistrado define las penas por sí mismo y en la justicia chilena se resuelve “caso a caso”, en tribunales ha pasado a ser comentario obligado que esta situación podría incidir en la pena que Carroza imponga a Cheyre.

Crisosto, también designado especialmente por el máximo tribunal del país para investigar causas de DD.HH., decidió en el “episodio Calama” rechazar cualquier amnistía y prescripción alegadas por las defensas.

“Existe reiterada jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la inadmisibilidad de la amnistía cuando aquella pretende impedir la investigación y sanción de las violaciones graves a los DD.HH., tales como las desapariciones forzadas o la muerte de una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona (…), no resulta aplicable conforme al Derecho Internacional de los DD.HH., que prohíben la autoamnistía tratándose de delitos de lesa humanidad, no cabe sino concluir que a los delito sub-lite no les son aplicables las normas de la Ley de Amnistía, ni las normas sobre prescripción de la acción penal”, sostuvo Crisosto.

La única diferencia entre el “episodio Calama” y el “episodio La Serena” de la Caravana de la muerte es la cantidad de víctimas de cada caso y la decisión en manos de Carroza de aplicar o no la hipótesis de media prescripción, dado que los hechos sucedieron en 1973.

Quienes conocen los análisis que ha hecho el magistrado durante estos meses sostienen que evalúa dictar condena entre 15 a 20 años a los autores de estos crímenes, mientras que contra Cheyre -quien tiene calidad de cómplice- se evalúa una pena de cinco años, lo que le permitiría cumplir su castigo en libertad. Sin embargo, aún no se descarta la opción de una condena de 10 años de presidio y, en ese caso, sería de cárcel efectiva.

Todo dependerá si Carroza decide -contrario a lo que hizo el juez Crisosto- aplicar o no la media prescripción, que rebajaría la condena de Cheyre. Aunque ahí tendría la oposición del abogado querellante por las víctimas Cristián Cruz; el del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Javier Contreras, y por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el abogado Rubén Salas, quienes han instado por el carácter de delitos de lesa humanidad para no dar luz verde a atenuantes.

“Tiempos de guerra”

Apenas pisó suelo serenense, Arellano Stark se entrevistó con Lapostol. Pidió las fichas del fiscal militar, Cazanga Pereira, para elegir del listado de detenidos quiénes serían ejecutados. Mandó a trasladarlos desde la Cárcel Pública de La Serena al regimiento. En paralelo, un oficial fue hasta el cementerio de la ciudad para inspeccionar la capacidad de las fosas comunes. En solo minutos y en el polígono de tiro, 15 presos políticos fueron ejecutados. Solo 25 años después, en 1998, aparecerían los restos de estas víctimas.

“Se ordenó la inscripción de las defunciones de las víctimas, sin haberse realizado las autopsias respectivas, ni efectuado reconocimiento alguno por parte de militares, para luego personal militar trasladar sus cuerpos hasta el cementerio local y sepultarlos en una fosa común”, se lee en la acusación de Carroza. Asimismo, apunta a que “una vez concluida la etapa de desaparición de los cuerpos de las víctimas, las autoridades del regimiento, jefatura de zona, resuelven publicar en un medio de comunicación un bando militar en que se informaba a la ciudadanía que se había ejecutado a 15 extremistas en cumplimiento de lo resuelto por tribunales militares en tiempos de guerra, lo que tanto el comandante del regimiento como su ayudante y los oficiales de dicha unidad militar sabían que no había acontecido y se les había ajusticiado sin juicio, por la sola circunstancia de su ideología”.

La complicidad de Cheyre, asegura en el proceso el querellante, se establecería al haber actuado -como ayudante de Lapostol- en la redacción del comunicado en que dan cuenta de la ejecución de supuestos “delincuentes” tras juicios de tribunales militares.

En la contestación de la acusación, el defensor Jorge Bofill aseguró que “debe descartarse que don Juan Emilio Cheyre conociera a la llegada (de la Caravana) el objetivo de la comitiva de Arellano Stark, es decir, que lo que aparentaba ser una revista no informada era, en realidad, uno más de los sangrientos capítulos de la Caravana de la Muerte”.

Es más, el abogado de Cheyre asegura que “la acusación judicial omite considerar que el único episodio en que un miembro de la comitiva era simultáneamente un alto oficial del regimiento visitado fue, precisamente, el de La Serena”, y explica que en esa fecha el mayor Marcelo Moren Brito era el segundo comandante del Regimiento Arica y que al aterrizar ahí, el “solo hecho de su presencia” quedó como segundo a mando tras Lapostol, dejando muy por debajo en el organigrama del cuartel al entonces ayudante militar, el teniente Cheyre. Es así como la hipótesis de defensa del excomandante en jefe apunta a la figura de Moren Brito, quien “coordinó e instruyó todo lo sucedido el 16 de octubre de 1973”, en relación al traslado de presos, custodia del polígono de tiro, anillos de seguridad y ejecución de las víctimas. En esa línea, se establece en los descargos de la defensa de Cheyre que Moren no solo fue el responsable de haber llevado a cabo todas las acciones que terminaron en la ejecución de los dirigentes de izquierda, sino que tampoco pudo ordenarle nada a Cheyre, pues este no estaba en su línea de mando.

Bofill, además, sostiene que los medios de comunicación de esa época eran controlados por el régimen y que siempre este tipo de hechos cuando se informaban “eran completamente tergiversados en su origen”.

La convicción de la supuesta complicidad de Cheyre en estas ejecuciones no se desvirtuó tras la etapa de plenario. Lo que marcará el fallo de Carroza será la cuantía de la pena. Aun así, todos quienes participan de este juicio saben que, como en todos estos casos, la última palabra la tendrá la Corte Suprema.

* Leslie Ayala C. - La Tercera

Para morirnos de vergüenza: los préstamos de la Corfo al mundo privado

Nunca en Chile, y pocas veces en el mundo, se ha conocido un enriquecimiento tan impúdico como el que vivieron los altos funcionarios de la CORFO durante la Dictadura Militar. Enriquecimiento avalado y decidido por el Consejo de la institución, en el cual tenían representación todos los Ministros del régimen. En particular el señor Julio Ponce Lerou, que aún sigue en política gracias al soborno realizado con una impudicia nunca vista. No cabe duda que los chilenos siempre encontramos las formas de destacarnos.

Este señor, de oscuro funcionario, gracias a su arrasador paso por la CORFO durante la dictadura, ingresó en 2004, como Presidente de SOQUIMICH, a los records de Forbes de los más ricos del mundo, con una fortuna declarada ese año de 3,3 billones de dólares. Ahora, regresa a esta empresa, privatizada en dictadura y proveedora de capitales para elecciones, cuenta con una fortuna de dos mil millones de dólares, ocupó en 2016 el lugar 1028 del ranking mundial de los más ricos, habiendo bajado del lugar 894 que tuvo en 2015. Revisando los actuales records de Forbes se puede observar que muchas fortunas allí consignadas parten de los aportes de Corfo entre 1973 y 1990.

Después del golpe de estado el agradecido Ponce Lerou comienza a trabajar en la CORFO, primero como Gerente de Empresas, luego como Gerente General y hasta 1990 como Presidente del Directorio. Coincide en esto con Sergio Melnick Israel quien perteneció al Consejo de CORFO entre marzo de 1987 y agosto de 1989 como Ministro de ODEPLAN.

Desde allí se dio crédito a sí mismo, a través de la Sociedad Monasterio, creada entre él y su hermano Eugenio, que también tuvo cargos en la CORFO. El fue fiador de sí mismo.

Durante los años 70 y principios de los 80, muchos inversionistas, incluyendo algunos de los conglomerados más endeudados, “capitalizaron” los pagos de intereses sobre sus deudas. Esta deuda subió varias veces por la compra de las empresas estatales y el proceso de monetarización de activos. En el período 85-89 se usó la licitación solo en el caso de la venta de algunas empresas menores y así los conglomerados nacionales adquirieron las empresas más grandes; los inversionistas extranjeros adquirieron las compañías de seguros y las restantes fueron adquiridas por inversionistas individuales o fondos de pensiones.

La Sociedad no pudo pagar, por lo que el Estado chileno aceptó activos de menor valor, muchos de ellos inútiles para una institución estatal, como animales y otros enseres. Ello implicó una pérdida para CORFO, y por tanto para el país, de más de UF117.033, 64 al 30 de noviembre de 1990.

SOQUIMICH, que había sido creada en 1968 con un capital constituido con un 37,5% por la CORFO y un 62,5% de la Compañía Anglo Lautaro, también fue vendida a privados, entre ellos al señor Ponce, con enormes pérdidas, solo por el hecho de haber sido vendida, ya que contaba con grandes utilidades. Desde la Corfo Ponce también es fiador del préstamo para comprarla. El perito judicial Rolando Godoy hizo en 1990 un análisis exhaustivo de ambos casos que involucraban a este señor, informes que se encuentran en los archivos de la CORFO.

El entregar créditos a los particulares para que compraran las empresas estatales, no se utilizó solo en este caso. La mayoría de las empresas fueron privatizadas, es decir compradas con préstamos otorgados por el propio Gobierno que, posteriormente, fueron condonados. En otras palabras la dictadura regaló a unos pocos la infraestructura económica que el país había formado durante toda su historia.

Todo ello está documentado en el Informe de las Privatizaciones elaborado por una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados en 2004. El Informe, sorprendentemente, nunca se ha publicado ni difundido, pero se encuentra en los archivos de la Cámara de Diputados.

En este se demuestra que durante 1973 y 1990 se enajenaron y devolvieron 725 empresas y activos pertenecientes a CORFO, de las cuales 343 fueron devueltas a sus dueños por estar requisadas o intervenidas, de estas, 35 fueron privatizadas dos veces por haber sido afectadas por la crisis de 1982.

También, antes de 1979, se implementó la contra reforma agraria, comenzada en el Gobierno constitucional de Eduardo Frei Montalva. Se entregó a privados 3.912 predios de 3.182.225 Hás. Alrededor del 30% de estas tierras fue devuelto a sus anteriores propietarios, y entre un quinto y un tercio se remató entre no campesinos.

Junto a la privatización de la tierra se traspasó al sector privado la infraestructura de la intermediación agrícola, la maquinaria e insumos, el mercado de capitales, las empresas agroindustriales y el mercado de aguas. Según el Código de Aguas de 1951 este recurso se consideraba un bien nacional de uso público, no pudiendo particulares gozar o disponer libremente de las aguas de regadío. El nuevo Código de Aguas de 1981 decretó que las aguas seguían siendo de uso público, pero sobre ellas se constituía el denominado “derecho de aprovechamiento”, lo que permite a un particular su uso, goce y disposición, es decir puede transferir libremente el bien sin contemplarse un uso específico ni su caducidad.

En 1983, el Banco Mundial informó que el 70% de las empresas privatizadas quebró por falta de capacidad de los compradores o debido a la crisis de 1982. “Esto permitió que los grupos económicos usaran empresas y bancos adquiridos con anterioridad para comprar otras firmas, posiblemente también compradas con deuda, endeudándolas más para adquirir una nueva empresa licitada. Al mismo tiempo las condiciones de venta permitieron que los compradores se endeudaran con CORFO, pagando al contado un porcentaje relativamente pequeño. Todo esto culminó en un endeudamiento generalizado que llevó a que las empresas se encontraran en una situación financiera precaria con altas relaciones deuda/capital”.

Durante los años 70 y principios de los 80, muchos inversionistas, incluyendo algunos de los conglomerados más endeudados, “capitalizaron” los pagos de intereses sobre sus deudas. Esta deuda subió varias veces por la compra de las empresas estatales y el proceso de monetarización de activos. En el período 85-89 se usó la licitación solo en el caso de la venta de algunas empresas menores y así los conglomerados nacionales adquirieron las empresas más grandes; los inversionistas extranjeros adquirieron las compañías de seguros y las restantes fueron adquiridas por inversionistas individuales o fondos de pensiones.

Es para que muramos de vergüenza.

* Alicia Gariazzo - El Mostrador