Paralelamente decidió mantener la prisión preventiva para otros cuatro involucrados, incluyendo Julio Castañer, apuntado por ex conscriptos como el autor material de los crímenes ocurridos en 1986.

La Corte de Apelaciones de Santiago concedió el beneficio de la libertad vigilada al capitán en retiro del Ejército Pedro Fernández Dittus, inculpado entre los autores del atentado contra Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas, en el que fueron quemados por una patrulla militar en julio de 1986.

"Teniendo en especial consideración la excepcional situación procesal en que se encuentra el inculpado Pedro Enrique Fernández Dittus, se confirma la referida resolución de cuatro del mes en curso, escrita a fojas 1516", dice la resolución emanada de la Cuarta Sala de ese tribunal.

En el mismo fallo, la Corte decidió mantener en prisión a otros cuatro inculpados, entre ellos, Julio Castañer, apuntado por los testimonios recientes de ex conscriptos como el autor material de los crímenes.

"Existiendo diligencias pendientes de investigación, entre otras, las decretadas a fojas 1360 y 1394, de fechas 6 y 14 de agosto de 2015 respectivamente, y estimándose que la prisión preventiva de los procesados Julio Ernesto Castañer González, Iván Humberto Figueroa Canobra, Francisco Fernando Vásquez Vergara y Walter Ronny Lara Gutiérrez, cuya libertad provisional bajo fianza fue concedida, es necesaria para el éxito de las mismas, en los términos que prevé el inciso segundo del artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, se revocan las resoluciones apeladas de fojas 1509 y 1516, ambas de cuatro de septiembre de dos mil quince, y en su lugar se resuelve que se deniega la libertad provisional a los referidos procesados", consigna el dictamen.

Fuente: El Mostrador

En la resolución, el ministro Carroza condenó a la pena de 7 años de presidio efectivo al mayor del Ejército en retiro Donato López Almarza, como autor del homicidio calificado de Zúñiga Sánchez, cuyos restos fueron inhumados ilegalmente en el Patio 29 del Cementerio General.

El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó sentencia de primera instancia por el homicidio de Ramón Zúñiga Sánchez, perpetrado el 19 de octubre de 1973, en la población La Pincoya de Conchalí.

En la resolución, el ministro Carroza condenó a la pena de 7 años de presidio efectivo al mayor del Ejército en retiro Donato López Almarza, como autor del homicidio calificado de Zúñiga Sánchez, cuyos restos fueron inhumados ilegalmente en el Patio 29 del Cementerio General.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el ministro logró acreditar que un grupo del contingente del regimiento Yungay de la ciudad de San Felipe fue enviado a Santiago el 11 de septiembre de 1973, y se les instaló cerca de la Quinta Normal, quedando a cargo del mayor López Almarza.

Durante su permanencia en Santiago, las unidades del regimiento Yungay realizaron numerosos operativos y allanamientos, entre ellos en la población La Pincoya, donde resultó detenido un menor de apellido Fariña, quien días antes habría tenido un incidente con el hijo de la víctima Ramón Víctor Zúñiga Sánchez.

En dicho encuentro este último fue herido y, “el menor es trasladado a las instalaciones de la unidad en Quinta Normal, desde donde desaparece y es ejecutado”.

"A raíz de este incidente, Ramón Zúñiga Sánchez y su esposa deciden cambiar de residente y se trasladan a la comuna de Independencia, ayudados en la mudanza por el mismo mayor López Almarza, quien comienza a vincularse socialmente con el matrimonio, particularmente con la esposa de la víctima”, sostiene Carroza.

Ya en la madrugada del 19 de octubre, cuando Zúñiga Sánchez se encontraba en su antiguo domicilio de la La Pincoya, llegó de improviso personal militar e ingresó a su casa, desde donde saca a la fuerza a la víctima, subiéndola a un jeep con destino desconocido.

“Ese mismo día, personal de carabineros encuentra su cuerpo sin vida en Avenida Américo Vespucio, a la altura del Nº 1200, con heridas a bala facio-craneanas, cervical y torácica con salida de proyectil, y se le traslada al Servicio Médico Legal, luego sepultado en el patio 29 del Cementerio General, donde finalmente le encuentran sus familiares", finaliza.

En el aspecto civil, el ministro Carroza condenó al Estado de Chile a pagar la suma de $40 millones a los familiares de la víctima por daño moral.

Fuente: La Nación.cl