Dijo que el Caso Quemados demuestra que, sobre todo el Ejército, entrega información de violaciones de Derechos Humanos sólo "en la medida que son descubiertos", por lo que instó a la autoridad civil a ejercer sus facultades "para cambiar la indiferencia de sus mandos ante la evidencia de su complicidad actual con quienes mataron e infligieron crueldades indescriptibles a miles de chilenos". Lee aquí su declaración pública.

La muerte de Manuel Contreras significa sólo la muerte de una de las cabezas visibles de una política sistemática de violaciones a los derechos humanos y represión de la dictadura cívico militar que gobernó durante 17 años nuestro país. Ha muerto un hombre que encarnó la maldad y la crueldad como pocos seres humanos en la historia de la humanidad.

Manuel Contreras se hizo cargo, diseñó y ejecutó la política de exterminio de quienes se opusieron a Pinochet y a su Dictadura, cumpliendo con ello el cometido que el mismo dictador le encomendó. Ambos utilizaron a las Fuerzas Armadas y a Carabineros para satisfacer la ambición de Pinochet de perpetuarse en el poder, y erradicar toda resistencia al modelo de sociedad que la Junta Militar y la derecha económica compartieron.

Mi pregunta moral y ética es quien pagará los 500 años de pena por los que fue condenado Manuel Contreras por los múltiples crimenes que ordenó, cometió, y con los cuales destruyó a miles de familias. Es acaso Contreras un demente que disparó a mansalva en un colegio norteamericano? O se trata de alguien que respondía a un mando, especificamente al mando del dictador, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Nadie puede negar que las Fuerzas Armadas se unieron a esta política, en consecuencia, como institución, son responsables frente a la justicia, a la historia y por ende frente a todos los chilenos. Ha llegado el momento de que las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones recuperen su honor ante la sociedad chilena. Que demuestren si nos pertenecen a todos los chilenos o principalmente a quienes colaboraron con la Dictadura. Que demuestren si abrigan o no la convicción del respeto irrestricto de los valores democráticos y de los DDHH.

Nuestra sociedad enfrenta la peligrosa encrucijada de constatar si las FFAA y Carabineros, por sobre todo el Ejército de Chile, están o no sometidas al Estado de Derecho y a la autoridad civil. Hasta ahora el Ejército ha demostrado lo contrario, pues sigue honrando a los asesinos y protegiendo a muchos de los que mataron y torturaron… la sociedad civil ya no aguanta más.

Me preocupa que el gobierno nos diga que Contreras se ha llevado a su tumba información valiosa para hacer verdad y justicia !Eso no es así ! Contreras era el brazo ejecutor, el más importante, pero no el ùnico, era uno más dentro de la institucionalidad de exterminio de las Fuerzas Armadas. Todos sabemos que el Ejército, como las Fuerzas Armadas, son instituciones que funcionan de manera jerárquica, de forma vertical y muy ordenadas. El caso de Rodrigo Rojas y de mi persona es una muestra clara de ello, en él se ha hecho evidente, una vez más, que hay información y que ellos la entregan sólo en la medida en que son descubiertos. Esto es un proceder inmoral y no ético. La evidencia nos muestra que desde el dictador, pasando por sus ministros (Garcia, Carvajal, Cuadra y otros), el general Santiago Sinclair, oficiales miembros de las Fuerzas Armadas y tambien civiles, conspiraban para ocultar la verdad y quedar en la impunidad.

No podemos permitir que el Ejército siga en esa posición… es la autoridad civil quien tiene las facultades para cambiar la indiferencia de sus mandos ante la evidencia de su complicidad actual con quienes mataron e infligieron crueldades indescriptibles a miles de chilenos.

Así como el Ejército se organizó y gastó millones de pesos en encubrir el crimen cometido contra Rodrigo Rojas De Negri y mi persona, así lo hizo y lo sigue haciendo con miles de compatriotas violentados…. La inmoralidad y la cobardía ya son intolerables al interior del Ejército de Chile…

Llamo a los cobardes que siguen en sus filas a marcharse y asumir su reponsabiliad y dejar sus cargos a soldados valientes y honorables que deben haber en sus filas, para volver a creer y respetar al Ejército de O’Higgins y Carrera.

Es vergonzoso para Chile y las Fuerzas Armadas que el dictador y Contreras murieran con rango de general, genocidas que han atentado contra la humanidad. Resulta impresentable y vergonzoso que la biblioteca de la Escuela Militar lleve el nombre de Augusto Pinochet, sin mencionar otros tantos lugares y objetos que rinden homenaje a genocidas.

Exijo que el Ministro de Defensa emita un decreto prohibiendo toda apologia al dictador y violadores a los DDHH. Es la única manera para que la civilidad recupere la confianza en sus instituciones, y que el Ejército no mire más a su pueblo como enemigo interno al que hay que atacar.

Autor: Carmen Gloria Quintana

Con las nuevas revelaciones del 'Caso Quemados' el tema de los derechos humanos irrumpió en la agenda. En ese contexto este sábado fue detenido Daniel Cancino, prófugo hace siete meses y condenado, junto al 'Mamo' Contreras, a 15 años de cárcel por el secuestro calificado del estudiante Carlos Guerrero. La tardanza en dar con su paradero, y el hecho de que sus dos hijos estén vinculados a la PDI, llevó a las asociaciones de DD.HH. a denunciar una “red de protección”. A esto se suma un nuevo antecedente: la relación sentimental entre Daniel Cancino Cornejo, hijo del ex DINA, y Lucía Dammert, jefa de asesores del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.

–“¿Quién es la que se atreve a defender a estos asesinos?”

–Eso preguntó el “Teniente Pablo” con revólver en mano a las personas que miraban en la esquina de Manuel Montt con Cirujano Videla. Era la mañana del último día de 1974 y en una camioneta tirado boca abajo estaba Carlos Guerrero (20 años), estudiante de Historia de la Universidad de Chile y militante del MIR. Sangraba en la cabeza y en un pie, mientras tres civiles le pegaban culetazos.

Esa fue la última vez que Olga Sánchez vio al amigo de su hijo Manuel Cuadra, también detenido esa tarde. Veinte días después Olga pudo ver a su hijo en “Tres Álamos” y le preguntó por su amigo, Carlos Guerrero. “Me contó que lo había visto en Villa Grimaldi, tenía tres heridas a bala en las piernas, sin curación, incluso lo ayudó en una ocasión para ir al baño porque no podía andar”, cuenta en su testimonio.

El hombre detrás de la chapa de “Teniente Pablo” era Fernando Lauriani, agente de la DINA, y encargado del grupo 'Vampiro', parte de la “Brigada Caupolicán” de la DINA que dependían de Miguel Krassnoff. El “segundo a bordo” del grupo era Daniel Cancino Vargas, quien fue condenado en octubre de 2014, junto a Manuel 'Mamo' Contreras y otros cinco agentes, a 15 años de cárcel efectiva por el secuestro calificado de Carlos Guerrero, detenido desaparecido.

El 5 de enero se esperaba que Cancino se presentara ante el juez Leopoldo Llanos junto a Fernando Lauriani y Rodolfo Wenderoth, para cumplir su condena en Punta Peuco. El mismo recinto donde el 'Mamo' Contreras cumple con su megaprontuario de 526 años sólo en condenas dictadas por la Corte Suprema, entre las que está el secuestro calificado de Carlos Guerrero.

Tras siete meses prófugo, Cancino fue capturado en Quintero el sábado pasado, luego de que la Brigada de Derechos Humanos detectara movimientos en su cuenta bancaria desde cajeros automáticos para cobrar su pensión. Además, deberá cumplir una segunda pena de cinco años por el secuestro calificado de Jaime Robotham y Claudio Thauby.

La información fue dada a conocer por TVN, pero omitió un detalle importante. El hijo del ex agente de la DINA, Daniel Cancino Cornejo, es pareja de Lucía Dammert, jefe de asesores de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, que dirige Mahmud Aleuy.

La académica desde el primer día de Gobierno ha formado parte del equipo de Aleuy, quien le tiene mucho respeto profesional y en general ha hecho oídos sordos de las críticas contra ella. Si es cercana al subsecretario, hoy lo es mucho más de Burgos, afirman en el ministerio, a quien le elabora minutas y asesora. Dammert participó durante la campaña presidencial en el comando de Tegualda, aportando en la elaboración del programa de Gobierno en materia de seguridad ciudadana.

Además, Cancino Cornejo es subprefecto en retiro de la PDI y su hermana, Angélica María Cancino Cornejo, es oficial de la Bricrim de Pudahuel. Con estos antecedentes la detención despertó alertas en el Gobierno.

'Ruido interno' en Palacio

La situación familiar de Dammert no ha pasado inadvertida en La Moneda. El episodio revive en las filas del Gobierno lo sucedido con la fallida nominación de la subsecretaria de las Fuerzas Armadas, Carolina Echeverría, obligada a renunciar antes de asumir el cargo debido al revuelo político que generaron las presiones de organismos de DD.HH por las denuncias por tortura contra su padre, lo que empañó la asunción del mando de la Presidenta Michelle Bachelet por el traspié en la conformación de su gabinete.

En La Moneda explicaron que el ministro del Interior, Jorge Burgos, se “enteró” de la situación del suegro de Dammert hace unas semanas, que el punto lo conversó además con Aleuy, y que ambos coinciden en aplicar en este caso el criterio de que las personas no pueden ser responsables de lo que hacen sus familiares, argumento que ambas autoridades han esgrimido en más de una ocasión, como fue con Echeverría.

Pero el tema no es tan simple para La Moneda, es más, internamente se reconoce que es complejo y que ha generado cierto ruido a nivel interno en el ministerio. Son dos aristas las que ponen el foco de dudas y críticas sobre Dammert: su vínculo familiar con un violador de DD.HH. y la delicada situación en que queda al interior del Gobierno, considerando que dada su condición de experta y asesora de Aleuy y Burgos en materias de seguridad ciudadana, le corresponde precisamente sentarse –agregan desde el Ejecutivo– en los comités ad hoc todas las semanas con Carabineros y la Policía de Investigaciones, donde accede a información sensible.

Al menos no se ve bien, reconocen en La Moneda, si se suma el hecho de que la pareja de Dammert es un ex subprefecto de la PDI y su cuñada es oficial de la Bricrim de Pudahuel.

No es la primera vez que la presencia de Dammert en el Gobierno ha generado ruido. Ya el año pasado, luego que la bomba en el subcentro del metro Escuela Militar puso en el tapete el tema de la seguridad, la experta era apuntada soterradamente desde las propias policías, las que demostraban abiertamente su “desconfianza” con la socióloga por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser peruana, aunque lleva más de una década radicada en Chile y en el gobierno recalcan que ya adquirió la nacionalidad chilena.

En esos días de septiembre se hablaba de falencias en el comité policial que manejaba Dammert, que había poca fluidez en el trabajo. Además, desde el entorno del entonces ministro Rodrigo Peñailillo no miraban con buenos ojos a la asesora del subsecretario Aleuy, con quien ya empezaban a evidenciarse las tensiones.

La académica desde el primer día de Gobierno ha formado parte del equipo de Aleuy, quien le tiene mucho respeto profesional y en general ha hecho oídos sordos de las críticas contra ella. Si es cercana al subsecretario, hoy lo es mucho más de Burgos, afirman en el ministerio, a quien le elabora minutas y asesora. Dammert participó durante la campaña presidencial en el comando de Tegualda, aportando en la elaboración del programa de Gobierno en materia de seguridad ciudadana.

Además del subsecretario y el ministro, hay quienes defienden a Dammert, valoran su calidad profesional y siempre han sacado a colación que las críticas provienen más del machismo y nacionalismo barato que de argumentos políticos de peso.

Su currículo la avala. Es socióloga y doctora en Ciencia Política de la Universidad de Leiden, Holanda. Además, es profesora asociada en la carrera de Relaciones Internacionales de la USACH. Su experticia es el tema de seguridad, violencia urbana, seguridad ciudadana, planificación urbana y participación comunitaria. Fue directora de Seguridad y Ciudadanía en Flacso; trabajó como asesora experta en el Departamento de Seguridad Pública de la OEA y como consultora del Banco Interamericano del Desarrollo y del PNUD.

Pero también hay varios en el ministerio que desconfían de ella, desde siempre, la consideran calculadora, que a la luz del dolor de cabeza en que se transformó la seguridad pública para La Moneda su gestión no ha sido eficiente y su, ahora, conocido vínculo con un ex DINA, solo le echa más pelos a la sopa.

El Mostrador se contactó con Lucía Dammert para pedir su versión de los hechos, pero declinó referirse al asunto, argumentando que es un tema personal.

Red de protección

Organismos de DD.HH. ya han planteado privadamente a La Moneda y al Ministerio del Interior sus dudas y aprensiones por el vínculo activo de la familia de Cancino con la Policía de Investigaciones y la influencia indebida que eso pudo tener en favorecer el estado de prófugo en que estuvo por casi siete meses el ex miembro de la DINA.

Para Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la captura de Daniel Cancino Vargas tiene que ir acompañada de una investigación. “Es preocupante la posibilidad de que exista una red de protección porque este no es el único prófugo de la justicia y parece que es como una lógica que se establece dentro de ellos, de no acatar las decisiones judiciales. Se demoró más de medio año en encontrar a este sujeto. Esa dificultad tiene que ver con una red de protección que lo amparaba para que no fuera encontrado”, dice.

Además, señala que el vínculo familiar de Cancino Cornejo con dos funcionarios de la PDI es “complicado”, ya que éste pone en cuestión la ética profesional y la institución. “No porque sean hijos uno va a condenarlos a ellos. Pero hay un sujeto de la PDI condenado por violación a los derechos humanos al que se demoró más de medio año en capturarlo”. Y agrega que el punto central pasa por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI: “Hay que plantearse su reformulación y restituir a quienes sí demostraron avances efectivos en el tema del terrorismo de Estado”.

Autor: Marcela Jiménez y Bastián Fernández