La doctrina imperante de facto ha llevado impresa la convicción del mando militar de que el año 1973 ganó una guerra, y que las graves violaciones de los derechos humanos fueron obra del exceso de desquiciados que no tocan la imagen impoluta de un Ejército “siempre vencedor y jamás vencido”. Una historia solo de vicios privados y pública virtud.

No resulta comprensible ni aceptable que 42 años después del Golpe Militar de 1973 y a 29 de ocurrido el delito conocido como Caso Quemados, sea la declaración de un conscripto que desea aliviar su consciencia la que vuelva a poner en evidencia la conspiración de impunidad y silencio institucional que ha acompañado al Ejército durante 40 años. De la misma manera que el encubrimiento fue ordenado por el Jefe de Estado de la época, Augusto Pinochet, el encubrimiento fue ejecutado bajo la dirección del Comandante en Jefe subrogante, Santiago Sinclair, con dineros del fisco de Chile, la participación de prominentes abogados civiles y la utilización de los canales administrativos e institucionales del Ejército.

Para una institución que basa su cohesión en valores compartidos e información interna de protección, los hechos callados fueron parte de una verdad oculta hasta ahora pero ampliamente sabida, por lo que ofende la inteligencia del país que ella apele a la excusa de falta de información.

Lo ocurrido con el Caso Quemados es una prolongación y un ejemplo más de una doctrina institucional de negación en materia de Derechos Humanos seguida por el Ejército. Pese a las tibias acciones de sus mandos a través de los años, y las ambiguas declaraciones de “Nunca Más” que siempre tratan de empatar la situación, el Ejército jamás ha reconocido que las violaciones ocurridas hasta 1989 fueron una política institucional. Y aun cuando el año 2006 se cambió la Ordenanza General del Ejército hacia un contenido más acorde con la institucionalidad democrática, la institución jamás ha aceptado que sus mandos hasta 1990 actuaron en el deshonor y contra los propios reglamentos internos vigentes en la época.

Así, ante la ausencia expresa de una rectificación institucional, esta parte de la historia sigue gravando negativamente el expediente institucional del Ejército.

De acuerdo a lo que dispone la Ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, promulgada el 27 de febrero de 1990, es decir, 10 días antes de la asunción del primer Gobierno democrático después de la dictadura, son facultades de cada Comandante en Jefe: “ b) Formular las doctrinas que permitan la unidad de criterio en el ejercicio del mando” (Artículo 47, letra b). Nadie puede sostener que institucionalmente estas Fuerzas Armadas son las mismas que dieron el golpe militar de 1973. Pero doctrinaria y simbólicamente sí lo son, y sus mandos actuales fungen –quizás a fortiori– como continuadores solidarios de aquellos que permitieron o ejecutaron las graves violaciones de derechos humanos. Esa es la gravedad que hoy aparece en el aludido “Caso Quemados”, subrayada por el hecho de que la rama respectiva se encargó de encubrir y armar una versión mentirosa de los hechos, es decir, de obstrucción a la justicia y con platas de todos los chilenos.

Por tanto, no se requieren ni requerían leyes especiales ni cosa parecida para que los comandantes en Jefe que sucedieron al dictador hubieran emitido una instrucción de doctrina clara para cortar con la “continuidad” de negar tener conocimiento, antecedentes, u otro tipo de eufemismos, y la teoría de que se trataba de hechos aislados e individuales.

A una institución a la que por competencia institucional le corresponde preservar la memoria del Estado, que lleva todo por escrito, incluidos los incidentes, y que hasta tiene un reglamento de quema o eliminación de archivos que activa cada 5 años, no pueden pasarle por alto casos como el de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, la operación “retiro de televisores”, las inhumaciones clandestinas, las cárceles clandestinas, ni menos puede actuar en contra de la probidad del Estado a través de ejercicios de enlace, acuartelamientos o claras manifestaciones de indisciplina en defensa de intereses individuales de los mandos.

La doctrina imperante de facto ha llevado impresa la convicción del mando militar de que el año 1973 ganó una guerra, y que las graves violaciones de los derechos humanos fueron obra del exceso de desquiciados que no tocan la imagen impoluta de un Ejército “siempre vencedor y jamás vencido”. Una historia solo de vicios privados y pública virtud.

Por otra parte, las reacciones cautelosas del poder civil a las revelaciones del ex conscripto del Caso Quemados dejan nuevamente en evidencia que “el rey va desnudo”. Porque la necesaria rectificación de doctrina institucional en materia de derechos humanos no debe ser solo un tratado teórico y un deber ser, como es la actual Ordenanza General del Ejército, dictada poco antes que Ricardo Lagos dejara el poder el año 2006. Ella requiere ser una manifestación de explícita condena al actuar del antiguo mando institucional que cierre el capítulo de las instituciones del Estado de Chile y el golpe militar de 1973. Decir que ello es difícil para la “familia militar” no es novedad, dada la extrema endogamia en la renovación de la oficialidad, impropia de un moderno servicio del Estado. Pero no hacerlo es peor, pues perdura la idea de que se trata, apenas, de un juego ideológico o patrimonial entre privados y no de asuntos públicos.

El enfoque del problema no acepta matices ni menos contextualizaciones históricas que alivien las responsabilidades de políticos y militares. Con el retorno a la democracia y en medio de las negociaciones y tensiones que la acompañaron, las Fuerzas Armadas se pusieron de facto en el papel de actores e interlocutores de la transición, exigiendo fueros y protección para sus miembros culpables de delitos. Y el poder civil aceptó –mejor dicho abdicó– de sus obligaciones y permitió el mando militar de Augusto Pinochet, así como el diálogo cívico-militar para normalizar su retorno a los cuarteles. Es decir, no usó su legitimidad democrática sino que estableció una “mesa de diálogo” que vive hasta hoy. Así, cada vez que la normalidad democrática se acercó a leyes de reparación, verdad y justicia por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar, las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, levantaron un talante amenazador, por cierto cada vez más débil, pero que tuvo el doble efecto de frenar los procesos políticos y judiciales y, al mismo tiempo, inhibir una rectificación doctrinaria institucional, que el Gobierno civil nunca exigió como debía. Nadie puede sostener que institucionalmente estas Fuerzas Armadas son las mismas que dieron el golpe militar de 1973. Pero doctrinaria y simbólicamente si lo son, y sus mandos actuales fungen –quizás a fortiori- como continuadores solidarios de aquellos que permitieron o ejecutaron las graves violaciones de derechos humanos. Esa es la gravedad que hoy aparece en el aludido “Caso Quemados”, subrayada por el hecho de que la rama respectiva se encargó de encubrir y armar una versión mentirosa de los hechos, es decir de obstrucción a la justicia y con platas de todos los chilenos.

Según la Constitución de la República, “los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Pero en Chile, producto de la doctrina de negación institucional seguida por las Fuerzas Armadas, las víctimas se han quedado humilladas sin justicia y sin respuestas, y muchos conscriptos, clases y suboficiales, han quedado rehenes de una mentira de sus instituciones, pagando por culpas que no tienen, pues fueron obligados bajo presión a cometer los hechos que hoy se persiguen.

Si el arte militar de mandar implica hacerlo reflexivamente y con honor, el mando es el responsable permanente de los desbordes y la falta de control. Peor aun si permitió y alentó la existencia y funcionamiento al interior de las Fuerzas Armadas de organizaciones criminales como la DINA y la CNI, que usaron recursos, bienes y símbolos de las instituciones militares para cometer sus fechorías.

La doctrina inmoral que de facto ha orientado al Ejército es la herencia más venenosa legada por Pinochet a su institución, y la peor trampa del poder civil, que la ha interpretado como algo implícitamente válido en el funcionamiento de la democracia.

Nada de lo que está en el Reglamento de Disciplina de las Fuerzas Armadas (Decreto N°1445 de diciembre de 1951), o en la Ley Orgánica Constitucional de las FF.AA. vigente, o en la Ordenanza General del Ejercito del año 2006, sostiene la tesis de que no se puede degradar por honor a los violadores de derechos humanos, que sea un acto de reconocimiento que hay que apreciar el que las Fuerzas Armadas concurran con información a los Tribunales de Justicia, ni que se requiera de nuevas leyes para dar pasos de verdad, obediencia y honor. Las normas ya existen. Solo corresponde que, en un acto de real Rectificación Institucional de Doctrina, los mandos superiores sean explícitos en cortar con el pasado, y que, rindiendo culto a la verdad y al honor como valores militares, alivien no solo el daño a las víctimas sino también la carga emocional de su propia gente, mucha de la cual sigue rehén de un mando inmoral del pasado que impuso una ley de silencio contraria a todos los valores militares e ilegal de acuerdo a la normativa vigente ya en la propia época de acaecidos los hechos.

La prohibición o secreto sobre los antecedentes Valech, constituye un obstáculo para dicha investigación en la medida que información que podría ser valiosa para avanzar en causas judiciales, no puede ser conocida por nuestros tribunales.

A propósito de la violación a los derechos humano de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo de Negri, quienes fueron brutalmente quemados por agentes del Estado, más específicamente por integrantes de las Fuerzas Armadas, se ha abierto un debate sobre la legitimidad y consistencia con los estándares de derechos humanos, de haber establecido en el Art. 12 de la Ley 19.992 el secreto durante 50 años sobre los antecedentes entregados por las víctimas a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech 1). La norma en cuestión establece que “ninguna persona, grupo de personas, autoridad o magistratura” tendrá acceso a dichos antecedentes, aunque si bien existe el derecho personal de los titulares de dicha documentación para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia.

En relación al impedimento de los tribunales para conocer dichos antecedentes, se debe señalar que desde el punto de vista de los estándares internacionales en derechos humanos, la tortura goza de un grado de prohibición tal que constituye una norma de que los Estados están obligados a cumplir, aun cuando no hubieran ratificado la Convención contra la Tortura o bien aun cuando los hechos se hayan producido antes de su ratificación. La obligación del Estado en esta materia es procurar una investigación prontamente de manera de hacer justicia y sancionar a los responsables. La prohibición o secreto sobre los antecedentes Valech, constituye un obstáculo para dicha investigación en la medida que información que podría ser valiosa para avanzar en causas judiciales, no puede ser conocida por nuestros tribunales.

Desde el punto de vista de los estándares internacionales en derechos humanos, la tortura goza de un grado de prohibición tal que constituye una norma de jus cogens que los Estados están obligados a cumplir, aun cuando no hubieran ratificado la Convención contra la Tortura o bien aun cuando los hechos se hayan producido antes de su ratificación.

En relación a las víctimas, los estándares internacionales establecen de manera genérica que en cualquier ámbito de la justicia y la reparación, el enfoque de derechos humanos debe situarlas en el centro de las acciones que lleve adelante el Estado, entre ellas la protección a su dignidad y a su intimidad o privacidad. La Ley 19.992 permite que estas víctimas o sobrevivientes den sus testimonios a la justicia. Sin embargo, no pasa lo mismo con las carpetas que contienen estos antecedentes y que en varias oportunidades han sido solicitadas por los tribunales de justicia debiéndose, en apego a la ley vigente, negárseles. De acuerdo a víctimas acreditadas por la Comisión Valech que han acudido al INDH, no se les preguntó si querían dar a conocer sus antecedentes a la justicia.

Estas dos obligaciones son las que deben armonizarse de mejor manera. En Chile las victimas de prisión política y tortura, siendo víctimas de una política de Estado violatoria de los derechos humanos, no han recibido el mismo trato que otras víctimas que también han sufrido graves atropellos a sus derechos. Un ejemplo: los antecedentes de la Comisión Rettig si bien son confidenciales, no excluyen a la justicia de conocerlos; los familiares de las víctimas del Informe Rettig cuentan con asistencia legal del Estado para llevar adelante sus juicios y no así las víctimas de tortura.

Los estándares en la materia son claros: prevenir, investigar y sancionar la tortura, y también respetar y proteger la dignidad de las víctimas, cuestión que dice relación con considerar su deseo de dar o no a conocer dichos antecedentes. En la práctica ello significa que se requiere, por una parte, una reforma de quorum calificado para levantar el secreto y permitir que los tribunales de justicia pueden hacer su labor sin obstáculos a las investigaciones por tortura y, por otra, que las víctimas, sus familias y/o representantes puedan decidir si quieren entregar dichos antecedentes a la justicia, considerando que no hay porqué obligarlos a relatar nuevamente los atroces hechos que han marcado sus vidas. Formulas hay varias: entre otras, que los tribunales en la medida que ingresen causas soliciten a las víctimas o sus representantes la autorización para solicitar dichos antecedentes; que sean accesibles para los tribunales a menos que haya oposición por parte de víctimas concretas; o que se convoque a cada una de las víctimas o sobrevivientes para preguntarles qué es lo que desean hacer con dichos antecedentes.

Autor: Lorena Fries