Condenan a marinos en retiro y a un ex detective por secuestro con grave daño contra un niño en Valparaíso

Marco Antonio Contardo tenía 15 años de edad cuando un grupo de marinos llegó hasta su casa, el 12 de octubre de 1973, durante la madrugada, secuestrándolo junto a su madre y abuela para posteriormente trasladarlos hasta la Academia de Guerra Naval, un recinto de detención y tortura de la Armada de Chile.  

La repudiable brutalidad con la que actuaron los integrantes de esta rama de las Fuerzas Armadas quedó registrada en el texto de la sentencia dictada el 30 de abril 2019 por el Ministro en Visita Extraordinaria en causas de Derechos Humanos de la V Región de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, donde se manifiesta que este niño fue trasladado hasta la  Academia de Guerra Naval,  “lugar en donde la víctima fue sometido a torturas, aplicándosele golpes y corriente eléctrica por un grupo de personas en número indeterminado y que no pudo identificar en ese momento por tener la vista vendada, siendo su madre obligada a presenciar el maltrato, el que tenía por objeto dar información respecto del paradero de su padre Emilio Contardo Hogtert .“

Más adelante en el texto de la sentencia  se agrega que se configuró el delito de “secuestro con grave daño, pues la víctima, junto a su madre y abuela, son llevados hasta la Academia de Guerra de la Armada de Chile, ubicada en Valparaíso, en donde son interrogados por un grupo indeterminado de personas, mayormente pertenecientes al cuerpo de Infantería de Marina de la Armada de Chile, parte de los cuales habían sido entrenados especialmente en técnicas de aplicación de torturas en cuarteles y academias de EE.UU., y que concretaron respecto de numerosas víctimas perseguidas en este país en consideración a las ideas políticas que profesaban, a su pertenencia al gobierno recientemente depuesto o por su militancia o adscripción a partidos de izquierda(…)”

Como se expresa en la misma condena: “ los delitos que se investigan, esto es, detención ilegal y secuestro con grave daño, serían delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra y tendrían el carácter de imprescriptibles”.

Reafirmando lo anteriormente expuesto se señala:

“ Que estos crímenes, entre los cuales se cuentan las detenciones ilegales y el secuestro con grave daño, son cometidos por agentes del estado, en este caso, funcionarios de la Armada de Chile, cuyos fines precisamente era la de reprimir de la manera más fuerte posible, cualquier conato o idea opositora, entre los cuales ciertamente se encontraban los militantes de los partidos de izquierda de la época y, como en el presente caso, ante la búsqueda del padre de la víctima, conocido funcionario del gobierno depuesto en la zona, se optó por detener y torturar a los familiares más directos de la persona buscada, con el objeto de que dicha persona se presentara ante las autoridades o de que los detenidos dieran noticias de la persona buscada. Además, las detenciones se llevan a cabo en recintos destinados temporalmente para estos efectos, como es el caso de la Academia de Guerra de la Armada y cuartel Silva Palma, en donde, junto con interrogar a los detenidos, eran torturados. En estas acciones se utilizaron vehículos, recursos fiscales y personal suficiente para efectuar la represión señalada, todo lo cual implica considerarlo en la denominación que se ha indicado, esto es, crímenes de lesa humanidad.”

El Ministro Arancibia realizó un extenso y exhaustivo proceso a través del cual llegó a determinar judicialmente la verdad de los hechos y condenar por “el delito de secuestro con grave daño”  cometido en contra de Marco Antonio Contardo Guerra, a los siguientes implicados en este caso:

Penas de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo para: BERTALINO SEGUNDO CASTILLO SOTO (Sub Oficial Mayor de la Armada en retiro), VALENTIN EVARISTO RIQUELME VILLALOBOS (Sub Oficial Mayor de la Armada en retiro), RICARDO ALEJANDRO RIESCO CORNEJO  (Capitán de Navío en retiro de la Armada ) y JAIME SEGUNDO LAZO PEREZ  (Sub Oficial Mayor infante de marina en retiro).

Penas de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo para: ALEJO ESPARZA MARTINEZ (Sub Oficial de la Armada en retiro), HÉCTOR VICENTE SANTIBÁÑEZ OBREQUE (Capitán de Fragata en retiro), y SERGIO HEVIA FEBRES (Sub Oficial de la Armada en retiro)

Penas de 4 años de presidio menor en su grado máximo a: JUAN ORLANDO JORQUERA TERRAZAS  (jubilado de la Armada como Sub Oficial Mayor) y JUAN DE DIOS REYES BASAUR  (jubilado de la Armada como Sub Oficial Mayor)

Por el delito de “detención ilegal” de Marco Contardo se condena con trescientos días de reclusión en su grado mínimo a: GUILFOR CELIN ARACENA ROJO  (jubilado de Investigaciones, Sub Prefecto en retiro).

Esta condena es un importante aporte en la búsqueda de la VERDAD y la JUSTICIA en la V Región y un granito de arena más en la lucha en contra de la IMPUNIDAD, aún cuando la sentencia se haya concretado después de 46 años de producidos estos brutales hechos.

Al texto íntegro de la sentencia dictada por el Ministro Jaime Arancibia, citado en esta crónica, se puede libremente acceder en el siguiente link:

https://www.pjud.cl/documents/396729/0/CONTARDO+GUERRA+ARANCIBIA.pdf/b4968056-b5c8-4fc9-aac8-f976a507efd1

Guillermo Correa Camiroaga, Valparaíso 3 de mayo 2019

Chile en estado de violencia y miedo

Las imágenes televisivas del último Primero de Mayo nos revelaron disturbios que superaron los de otras jornadas callejeras en Santiago y que nos hablan de grupos organizados desbordando las disposiciones y la represión de Carabineros como también el liderazgo de las organizaciones sindicales y políticas.

Lo que se apreció nuevamente en esta oportunidad es que los que optan por los desmanes y el enfrentamiento con la policía crecen respecto de aquellas movilizaciones y protestas que hacen gala de su pacifismo. Aunque unos y otros coincidan en las mismas críticas hacia el ordenamiento económico y social sostenido por los últimos gobernantes.

Lo dicen las pancartas y proclamas de todos contra el sistema previsional, las isapres y la renuencia de la política a emprender nuevos rumbos que signifiquen un real mejoramiento de las condiciones de vida de la amplia mayoría de la población. De allí que la tendencia ampliamente mayoritaria sea el repudio a los partidos políticos como el creciente desinterés ciudadano por participar de las elecciones presidenciales, parlamentarias y comunales, manifestando cifras de abstención que señalan la falta de representatividad y legitimidad de quienes gobiernan el país. Incluso en las rutinas eleccionarias de los estudiantes universitarios se ha podido comprobar un ausentismo que supera el 60 o setenta por ciento.

Todo un desencanto que se funda en la injusticia e inequidad. Por algo los estudios de la prestigiosa Fundación Sol nos señalan que seis de cada diez trabajadores chilenos de jornada completa no podrían sacar a una familia promedio de la pobreza en razón de que más del 54 por ciento recibe menos de 350 mil pesos mensuales y todavía menos cuando se trata de las mujeres.

La violencia callejera ha ido escalando en radicalidad desde que hasta una iglesia fuera asaltada por los manifestantes y arrancaran de ella un gran crucifijo de madera finalmente destrozado en plena avenida Bernardo O’Higgins ante el estupor de los transeúntes. Ya se ve que hasta las convocatorias ecologistas derivan en actos que afectan a la propiedad pública y privada y encabritan a los respectivos ediles comunales que tienen que encarar los costos de tales tropelías, aunque los canales oficialistas se hagan un festín de rating con estas imágenes.

Ya no hay un solo día en la Araucanía sin que se manifiesten atentados contra las empresas forestales y los comuneros mapuches reaccionen con mayor violencia frente a las abusivas discriminaciones y brutal represión que sufren sus hogares. Ya sabemos que desde la Moneda se organizan siniestros montajes para desacreditar las justas reivindicaciones mapuches y cómo varios jóvenes combatientes son asesinados por la espalda y no por causa de los enfrentamientos con la policía, como siempre tratan de probar los gobernantes de turno. Los cuales, en realidad, no cambian mucho sus prácticas desde un gobierno a otro; o entre la centro derecha o la centro izquierda como respectivamente se autodefinen. Con certeza que lo que ocurrido en el sur de Chile se asemeja a una verdadera guerra civil, como lo han señalado algunos observadores internacionales.

Es evidente, asimismo, que el malestar estudiantil ha remontado a graves agresiones en contra de maestros y establecimientos escolares, causando conatos de violencia que ni siquiera se apreciaron en los combates a la Dictadura hace tres o cuatro décadas. Al mismo tiempo, el país se entera de las iracundas reacciones populares que provocan la mala administración de justicia o la pésima atención de muchos establecimientos de salud de norte a sur del país. No está demás señalar la irritabilidad que le provoca asimismo a los ciudadanos la pretensión de quienes nos presumen en el umbral del Primer Mundo, cuando se reconoce que tan solo ocho de las más de 350 comunas del país tienen más del 65 por ciento del pavimento en buen estado y que los altos índices de obesidad de la población se explican en su inadecuada nutrición, especialmente en el consumo “chatarra” y la falta de buenos hábitos alimenticios.

En materia de seguridad pública ya varios países del mundo alertan a sus habitantes de los crecientes peligros que entraña viajar a Chile y visitar sus zonas de atractivo turístico. Es evidente que el crimen común cada día se hace más extremo e irracional, cuando se suele matar por unos pocos pesos y hasta los moradores de las viviendas más modestas se ven forzados a parapetarse con rejas de seguridad y prevenciones bien inducidas por las empresas que lucran en tal sentido. Hasta los bancos de quejan ahora de los asaltos que sufren cotidianamente en sus establecimientos y cajeros automáticos, aunque, en todo caso, no han disminuido sus multimillonarias utilidades o su interés de permanecer en nuestro territorio.

Cada vez son más habituales en el acontecer noticioso los portonazos, los femicidios, el tráfico de estupefacientes y el choque entre las bandas criminales, en un país que también llegó a presumir de que estábamos libres de la producción y consumo de drogas. Por algo es que para hacerle frente a los accidentes del tránsito ahora las autoridades controlan, además del alcoholismo, el consumo de cocaína, marihuana y otros alucinógenos. Al mismo tiempo que con más frecuencia que en el pasado se descubren armas hechizas o sustraídas de los cuarteles militares en manos de los malhechores y entre las bandas de asaltantes a policías y otros agentes de seguridad.

No escapa tampoco al estupor de la población que jueces y fiscales sean descubiertos como cómplices y encubridores de los delitos de corrupción, asociación ilícita y otros. Todo lo cual redunda en el sentimiento de impunidad de los chilenos respecto de los delitos de cuello y corbata. Esto es de los grandes empresarios, políticos y hasta sacerdotes. En los últimos días, hasta se han descubierto galerías carcelarias y celdas carcelarias en que se prodigan las comodidades de los narcotraficantes recluidos. Tal como los de los grandes violadores de los Derechos Humanos.

A no dudarlo, Chile se desbarata en el crimen y siempre la solución ofrecida por quienes nos gobiernan es la de ofrecer más policías y recursos disuasivos. Lo cual sin duda puede ser necesario pero junto con administrar políticas para corregir las profundas y agraviantes desigualdades sociales, avanzar hacia el pleno empleo y el salario digno; la rehabilitación de los que han delinquido y el drástico mejoramiento de nuestros niveles educacionales.

Después de dos guerras mundiales, en que el pillaje también se hizo presente en Europa, sabemos que fue el estado de bienestar que se le proporcionó lo más rápidamente posible a toda la población, la buena calidad de sus centros de instrucción pública y la más justa y ecuánime administración de la Justicia lo que consolidó la paz e, incluso, la democracia en el viejo continente. Lo que no ocurre aquí en nuestro continente y en Estados Unidos, donde los beneficios del desarrollo se reparten selectivamente, los pobres se multiplican y el miedo y la criminalidad se hacen cada vez más espeluznantes.

Chile, como varias naciones emancipadas de España, fue primero un estado antes que una nación. Sin embargo en más de 200 años todavía los habitantes de su territorio no reconocen una “madre patria” que los cobije a todos y no sea tan solo un territorio de oportunidades para los inversionistas extranjeros y la alta burguesía enseñoreada en la política. En ello radica la violencia que se expresa con el descontento social, el irrespeto a nuestros símbolos y patrimonio natural y cultural, como muchos lo lamentan. A falta de una sólida identidad nacional, por supuesto.

* El Clarin de Chile - Juan Pablo Cárdenas