Condenan a nueve carabineros por secuestros y violación en subterráneo de la Plaza de la Constitución en dictadura

El ministro en visita Mario Carroza condenó a nueve miembros en retiro de Carabineros por su responsabilidad en el delito de secuestro agravado de Ana María Campillo Bastidas y Patricia del Carmen Herrera Escobar.

Ambas fueron detenidas en junio de 1974 y permanecieron recluidas ilegalmente en los subterráneos de la Plaza de la Constitución.

En el fallo, Carroza condenó a Manuel Agustín Muñoz Gamboa a la pena efectiva de cinco años y un día de presidio, en calidad de autor "de los delitos de secuestro agravado, de connotación sexual al haberse cometido con motivo u ocasión del secuestro violación en perjuicio de Ana María Campillo Bastidas y Patricia del Carmen Herrera Escobar entre los meses de junio y julio de 1974, en Santiago".

Por su parte, Francisco Segundo Illanes Miranda, José Luis Contreras Valenzuela, Wiston Humberto Cruces Martínez, Ernesto Arturo Lobos Gálvez, Sabino Adán Roco Olguín, Alejandro Segundo Sáez Mardones y José Hernando Alvarado Alvarado fueron condenados a tres años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, como cómplices del delito.

Mientras que José Edgar Hoffmann Oyarzún fue condenado a 541 días de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, como cómplice, y se absolvió a Pedro Retamal Ortega por falta de participación en los hechos.

A su vez, en el aspecto civil, se condenó al Fisco a pagar una indemnización de 50 millones de pesos a cada una de las víctimas.

"Fueron violadas y abusadas sexualmente por sus secuestradores"

El ministro Carroza recalcó que el Servicio de Inteligencia de Carabineros (Sicar) asumió un rol "represivo con seguimientos, allanamientos, detenciones e interrogatorios bajo tortura" durante la dictadura, estando entre sus lugares clandestinos el Cuartel Número 1, "El Hoyo", ubicado en el subterráneo de la Plaza de la Constitución.

En la investigación, logró determinar que el 19 de junio de 1974 Ana María Campillo Bastidas, simpatizante del Partido Socialista, fue detenida en un domicilio por "cinco hombres vestidos de civil portando metralletas y la privan de libertad por primera vez, luego al cabo de tres días la liberan y días después nuevamente es privada de su libertad y encerrada sin orden judicial ni administrativa por el mismo grupo restrictivo de derechos".

"Días después, el 27 de junio de 1974, es aprehendida Patricia del Carmen Herrera Escobar, universitaria de 19 años de edad, perteneciente a la Juventud del PS, en las afueras de su casa ubicada, también por hombres vestidos de civil, quienes le vendaron la vista y la precipitaron al piso de un vehículo, y partieron con rumbo desconocido", agregó Carroza en su fallo.

Ambas fueron trasladadas a hasta el subterráneo de la Plaza de la Constitución, donde "permanecieron con la vista vendada, esposadas y estuvieron sometidas a condiciones de extrema indefensión, mediante sucesivos interrogatorios y reiterados atentados contra su integridad sexual, ya que fueron violadas y abusadas sexualmente en el recinto por sus secuestradores, los funcionarios del Sicar", sentenció el ministro en visita. 

Cambio21

Comité ONU llama al Estado de Chile intensificar búsqueda de detenidos/as desaparecidos/as

El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unida emitió las observaciones finales respecto del examen que rindiera el Estado de Chile en abril pasado, sobre la implementación de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la cual entró en vigencia en el país el 23 de diciembre de 2010.

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, fue parte de la delegación del Estado, planteando al CED las principales preocupaciones del INDH en la materia.

Una de las principales observaciones realizadas por el Comité fue el llamado a que el Estado intensifique sus esfuerzos de búsqueda de los/as detenidos/as desaparecidos/as de la dictadura y en democracia, cuya suerte aún no haya sido esclarecida y, en caso de que se esclarezca su fallecimiento, garantizar su identificación y la restitución de sus restos en condiciones dignas.

En consecuencia el CED emplazó al Estado a que a través de sus organismos establezca una coordinación que permita mejorar la información de las investigaciones para encontrar a las personas detenidas desaparecidas, asegurando que se cuente con los recursos humanos, técnicos y económicos para ello.

En reparación además de instar a que se protejan todos los sitios donde se sospecha que pueda haber restos humanos de personas desaparecidas, el Comité llamó a asegurar la reparación integral de las víctimas. Respecto de este último punto emplazó a que el Estado cree una comisión de calificación permanente, que permita determinar si hubo víctimas de desaparición forzada no reconocidas por las comisiones de verdad.

Legislación

En materia legislativa, CED ONU emitió su preocupación respecto de que la desaparición forzada aún no haya sido tipificada como un delito autónomo. Es por esto que recomendó que el Estado adopte las medidas legislativas necesarias a fin de asegurar que esto se concrete y que la definición que se haga de este delito en la ley, se ajuste a la definición contenida en el artículo 2 de la Convención.

En relación con lo anterior, el CED hizo énfasis en que la nueva legislación contenga penas coherentes con la gravedad del delito de desaparición forzada de personas y que quienes incurran en estas grave violación de derechos humanos sean siempre sancionados.

Además señala que esta legislación debería permitir obtener una declaración de ausencia por desaparición forzada, independientemente de la fecha en que hubiese iniciado la desaparición, con el fin de regular de manera apropiada la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida, y la de sus allegados.

También en este marco hace un llamado a que se aceleren las investigaciones relativas a casos de sustracción de menores y/o adopción irregular y desaparición de mujeres embarazadas; y que garantice que las víctimas puedan ejercer su derecho a recuperar su identidad si se determinase que la misma fue sustituida.

Acceso a la justicia y otros

El acceso a la justicia de las víctimas, es decir, de toda persona que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada, es otra de las preocupaciones planteadas por el Comité ONU. Es por esto que llamó a que ellas puedan acceder a toda la documentación relativa a las investigaciones, y su respectiva evolución, para garantizar su derecho a la verdad.

En la misma línea el CED llamó a que las investigaciones sean exhaustivas y a que se aceleren para que sean eficaces.

El CED llamó a que en caso de aplicarse un régimen de prescripción a la desaparición forzada, el plazo de la acción penal sea prolongado y se cuente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada dado su carácter continuo.

En cuanto a las desapariciones forzadas cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas o de Carabineros contra otros miembros de las mismas fuerzas, quedarán excluidos de la jurisdicción militar y solo podrán ser investigadas y juzgadas en la jurisdicción ordinaria.

Finalmente el Comité recordó las obligaciones contraídas por los Estados al ratificar la Convención; entre ellas fomentar la formación en derechos humanos a los agentes estatales; subrayar la crueldad con la que las desapariciones forzadas afectan a los derechos humanos de las mujeres y los/as niños/as; y a informar sobre las medidas tomadas por el Estado principalmente en materia legislativa, investigación y búsqueda de los detenidos/as desaparecidos/as.

Examen de Chile

Los días 9 y 10 de abril de 2019 se llevó a cabo el Primer Examen de Chile ante el CED. Previamente, el 8 de abril, la directora Consuelo Contreras sostuvo una reunión privada con el Comité, para presentar las principales preocupaciones del INDH respecto a los desafíos pendientes para la plena implementación de las disposiciones que establece la Convención y el cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile, incluyendo también recomendaciones para avanzar en este ámbito, las cuales fueron concordantes con las observaciones recién conocidas.

La delegación nacional fue encabezada por la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren; y fueron parte de ella el senador Alejandro Navarro, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía; la ministra Gloria Ana Chevesich, en representación de la Corte Suprema de Chile; así como representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y del Servicio Médico Legal.

En la sesión, el Estado chileno informó sobre los principales avances, pendientes y desafíos en la implementación de la Convención, lo que resulta del todo relevante dado que aún en Chile –según las comisiones de verdad- se registran 1193 personas detenidas desaparecidas durante la dictadura, respecto de las cuales un 87% sigue sin ser localizada a casi 46 años de ocurrido el golpe de Estado.

Participaron además presentando informes las organizaciones de la sociedad civil Londres 38, Fundación 1367, la Articulación por los Derechos Humanos, la Agrupación de Familiares de Detenidos/as Desaparecidos/as y los abogados litigantes Francisco Ugas y Francisco Jara, quienes han llevado casos a la justicia internacional.

Entregó su testimonio especialmente Luis Emilio Recabarren, nieto de Ana González y cuya madre embarazada y padre desaparecieron durante la dictadura. 

El Clarin de Chile