PS de Chile evalua una demanda civil contra subsecretario de gobierno por fraude en compra de tierras indígenas

El presidente del Partido Socialista informó que el equipo jurídico de dicha colectividad está evaluando una demanda civil contra el Subsecretario del Interior.

Ante revelaciones de prensa con nuevos antecedentes sobre la compra de tierras indígenas por parte del Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, el senador y presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, afirmó que “Ubilla le debe una explicación al país”.

En este sentido, el senador por el Maule recordó que “el presidente Piñera sostuvo que iba a investigar la situación del subsecretario Ubilla. Bueno, estamos a la espera de los resultados de dicha investigación”.

El presidente del PS indicó que “no vamos a prejuzgar, pero se debe investigar no solo la adquisicion irregular, sino que además el eventual conflicto de interés”.

“El subsecretario denuncia terrorismo en la zona y simultáneamente compra terrenos de veraneo”, añadió el senador socialista.

Frente a la gravedad de los nuevos antecedentes, Elizalde informó que “el equipo jurídico del Partido Socialista está evaluando una demanda civil contra el subsecretario Ubilla por la compra irregular de estos terrenos, para su declaración de nulidad, así como otras acciones legales”.

Ubilla compro tierras indígenas haciendo fraude legal

Hace pocas semanas, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla y el gobierno salieron a dar explicaciones y calificaron como “completamente regular y legal” la compra de tierras de la autoridad al interior de una comunidad mapuche en Pucón, con lo que se denunciaba que había violado la Ley Indígena, que impide la venta de tierras con dicha denominación a personas o comunidades que no pertenezcan a los pueblos originarios.

De acuerdo a una publicación de Interferencia, se trata de dos parcelas ubicadas en la comunidad Mariano Millahual y que fueron adquiridas en 2009 a Guadalupe Moris por $11 millones. Los terrenos gozan de un título de merced vigente desde 1908, y están registrados como tierra indígena desde el año 2000 por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi.

Sin embargo, no se trataba de dos sino de cuatro propiedades del subsecretario dentro de la comunidad. Una nueva publicación del mismo medio reveló este jueves que existió una segunda compra en 2012, cuando se desempeñaba en el mismo cargo durante la primera administración de Piñera de dos parcelas más.

Según el medio, Ubilla pagó 24 millones de pesos por los cuatro predios en que abarcan poco más de 18 mil metros cuadrados, donde tiene instalada una casa de veraneo con una tasación comercial de 3.430 UF.

En su primera declaración, Ubilla explicó que “el mencionado terreno le fue transferido a la señora Moris por la liquidación de su sociedad conyugal con el señor Jorge Painequir Molina, según escritura pública de febrero de 2008″, y “conforme a la Ley N° 19.253, para que una tierra sea indígena, además de los títulos que la propia ley indica -como los Títulos de Merced-, es requisito que personas o comunidades indígenas sean propietarios de ella, lo que no ocurría al momento de la compraventa“.

Sin embargo, desde el mundo político-mapuche se ha cuestionado la operación, y según explicó el analista polítco Diego Ancalao a El Mostrador, se trata de una “operación fraudulenta” que contraviene la ley porque, si bien la vendedora del terreno Guadalupe Moris Gajardo no tiene apellido indígena, al haber estado casada con Jorge Painequir, “de acuerdo a la Ley Indígena tiene calidad indígena”.

La permanencia de Ubilla en la comunidad fue tolerada sin mayores resquemores, hasta que el pasado 17 de febrero en entrevista con La Tercera, el subsecretario vinculó los incendios forestales que azotan la región con la causa mapuche, lo que les dejó la sensación de que acusaba a todo el pueblo de ser violentista y terrorista.

Fuentes cercanas a la familia de Moris declararon al mismo medio que el subsecretario se habría comunicado con ellos y señalado que iría a la comunidad a conversar directamente con la familia Painequir, y a la espera de estas declaraciones, la familia habría decidido no conversar con los medios hasta escuchar lo que tenga que decir Ubilla. 

* CHV Noticias

Control de Identidad y la hipocresía del gobierno: represión para los jóvenes pobres e impunidad para los torturadores

En sintonía con el gobierno de Macri, que el pasado el 19 de febrero presentó un anteproyecto de régimen penal juvenil que incluye la baja de la edad de punibilidad a 15 años, la derecha chilena busca poner por delante nuevamente su agenda represiva con Chadwick a la cabeza, luego de atravesada la crisis por el caso Catrillanca.

La derecha chilena ahora pide mayor mano dura para los jóvenes pobres, asegurando que entre el 20% y el 30% de los delitos violentos, como robos con violencia y portonazos, los cometen jóvenes entre 14 y 17 años. Por ahora piden control de identidad “preventivo”, sin embargo, representantes de la extrema derecha, como Kast, acérrimo defensor de los torturadores de la dictadura busca ir más allá:

“Hay que usar todas las herramientas jurídicas y policiales disponibles para derrotar la delincuencia. Toque de queda juvenil, control de identidad y más facultades para Carabineros son indispensables”

Estas palabras nos recuerdan cuando a fines de 2018, buscaba instaurar el toque de queda para los menores en Quilpué. Medida que fue considerada ilegal por la contraloría regional.

El nuevo ataque que propone la derecha y que busca la adhesión de la ciudadanía al igual que sucedió con el polémico proyecto de Aula Segura -que la oposición asumió y dio validez-, no hace más que vulnerar los derechos de los jóvenes, que arrojados ante las desigualdades, la pobreza y la drogadicción, serán ahora perseguidos por la cuestionada institución represiva de Carabineros, que luego del millonario robo y el asesinato de Catrillanca, está completamente desacreditada a los ojos de la gente.

Preocupados por la “seguridad” el gobierno hace vista gorda a la extrema vulnerabilidad y desigualdad que viven miles de niños y jóvenes en esta sociedad neoliberal, que les ofrece sólo abuso, miseria y represión en sus contextos sociales, casas y barrios, y en sus escuelas y “casas de resguardo” como el SENAME, que evidencia la política hipócrita del Estado con la niñez, encerrando a los niños, vulnerando sus derechos sin ofrecerles mecanismos reales para salir del círculo de violencia y pobreza al que han sido condenados.

Y mientras el gobierno busca desviar la represión a los jóvenes, sigue defendiendo y buscando libertad a los torturadores de mujeres y niños de la dictadura, mostrando el verdadero rostro de la derecha: desviar el foco de los problemas sociales como la pobreza y la infancia, a mayor represión para disciplinar a los jóvenes pobres, en continuidad con el proyecto de Aula Segura. 

* LID - Corresponsal LID Chile